La CE estudia denunciar a España por vetar a compañías extranjeras

La Comisión Europea reiteró ayer que el uso de la acción de oro (posibilidad de bloquear decisiones en empresas formalmente privadas) por los Estados miembros representa una violación de los principios constitucionales de la Unión. Por ello, Bruselas se plantea llevar a España y otros países de la UE ante el Tribunal de Justicia europeo. En el caso español, la decisión puede ser tomada "en las próximas semanas", según un portavoz comunitario.

Sobre la posible denuncia, el Ministerio de Economía recordó ayer que el procedimiento es antiguo y afecta a varios países europeos. El nuevo secretario general de Política Económica, Luis de Guindos, señaló al respecto que la actuación de Bruselas no supone la apertura de un expediente a España.La fracasada operación de fusión entre Telefónica y la holandesa KPN después de que el Gobierno español se declarara públicamente en contra, y el bloqueo de una OPA de la alemana EnBW -filial de la francesa pública Electricité de France- sobre la eléctrica Hidrocantábrico, aunque en este caso el Estado no controla una sola acción en la compañía, ha reavivado el debate sobre el empleo de la acción de oro o golden share.

"La Comisión ha considerado siempre este recurso como contrario al espíritu de los tratados europeos porque discrimina inversiones procedentes de otros países miembros", enfatizó ayer Jonathan Todd, portavoz del comisario de Mercado Interior, el holandés Frederik Bolkestein.

Todd afirmó que la Comisión "está examinando entre una decena y una quincena de casos" por parte de España, Reino Unido, Holanda, Italia, Portugal y Bélgica: "No se ha tomado aún una decisión final en el caso español. Puede producirse en las próximas semanas o más tarde", aseguró. Bruselas advirtió a Madrid que el recurso a la acción de oro es contrario a los tratados comunitarios y decidió el pasado julio instruir un procedimiento de infracción aún no resuelto.

Los servicios internos comunitarios tienen que pronunciarse sobre los fundamentos de la carta que el Gobierno español envió el pasado octubre justificando el recurso a esta medida. En discusión estarían los casos de Telefónica, Endesa y Repsol, antiguas compañías públicas sobre las que el Estado se reservó la acción de oro después de ser privatizadas.

España no sería el primer país que la Comisión lleva al Tribunal de Luxemburgo por este hecho. El Ejecutivo comunitario ya ha decidido enviar ante la instancia judicial europea a Francia por el caso de la compañía petrolera Elf Aquitaine.

Investigación

El caso Telefónica-KPN ha servido también para profundizar en la investigación del Ejecutivo comunitario sobre Holanda. Los expertos comunitarios se preguntan si el Gobierno holandés, que controla el 43,5% del accionariado de KPN, tiene alguna influencia en las decisiones sobre inversiones extranjeras de la operadora holandesa y si ello representa una infracción al reglamento del mercado interno.

Un representante del Ejecutivo comunitario, el comisario Pedro Solbes, responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, manifestó ayer en un encuentro con corresponsales españoles estar en sintonía con el espíritu disconforme de los expertos comunitarios sobre el uso de la golden share, pese a reconocer que el recurso fue aprobado cuando él formaba parte del Gobierno español.

"Es un proceso que no sólo ha utilizado España, sino también otros países. Creo que no debería mantenerse y que lógicamente tendrá una vida corta porque es contrario a la liberalización del mercado", dijo Solbes. "Por consiguiente, me parece una buena idea el análisis que están haciendo los servicios de la Comisión al respecto", sentenció.

Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía, argumentó el lunes la postura oficial del Gobierno al hilo de Telefónica y KPN: "El Gobierno no considera adecuado que empresas con capital público de otros países puedan adquirir posiciones dominantes o determinantes en empresas españolas en mercados esenciales", afirmó. "No vamos, en representación de los españoles, a liberalizar y privatizar empresas españolas para que gobiernos de otros países tengan una capacidad de decisión".

En línea con este argumento, Economía también se ha opuesto, con éxito, a la entrada en España de la francesa EdF, que barajó el lanzamiento de una OPA sobre Hidrocantábrico.

Solbes dijo ayer que, independientemente de que el freno de la operación Telefónica-KPN esconda el distanciamiento entre el jefe del Gobierno, José María Aznar, y el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, a quienes más ha perjudicado el fracaso de la operación es a los accionistas de la compañía.