Gases libres

En repetidas ocasiones el Gobierno ha anunciado su intención de liberalizar el mercado del gas natural, ahora en régimen de monopolio gestionado por Gas Natural. Probablemente incitados por estas advertencias, los responsables de la empresa, en la que participa activamente Repsol, han comunicado a sus accionistas la decisión de segregar de la compañía a su filial Enagás, propietaria de los gasoductos, redes de transporte y almacenes, y colocar en Bolsa una parte mayoritaria del capital de ésta. El plan, todavía indefinido, incluye la posibilidad de que en Enagás participen nuevos operadores y se presenta a la opinión como un esquema liberalizador "de acuerdo con el Gobierno".La decisión de acudir al mercado bursátil es muy razonable y debe ser valorada como un ejercicio de transparencia. Aunque una de sus interpretaciones más plausibles es que la presencia de accionistas privados se convierta en protección eficaz contra una eventual intervención del Gobierno reduciendo las tarifas de acceso a las redes gasistas que tienen que pagar las compañías, es evidente que las reglas del mercado serán beneficiosas para la transparencia de Enagás. Pero es un mensaje equivocado identificar, como pretende Gas Natural, la segregación, salida a Bolsa y la hipotética presencia de nuevos operadores con una liberalización efectiva del mercado. Básicamente, porque el transporte del gas es un monopolio natural; dicho de otro modo, sería impensable sugerir que puede existir una red de gasoductos competidora de la actual. Por lo tanto, el nuevo diseño de Enagás -o Sociedad de Infraestructuras Gasistas, como quiere denominarse- sería el mismo monopolio de transporte repartido entre más y quizá más variados titulares.

Una liberalización efectiva del mercado gasista necesita imperativamente una regulación precisa de las tarifas de peaje de las empresas por la utilización de gasoductos e instalaciones de almacenamiento, y esta regulación exige el desarrollo reglamentario de la Ley de Hidrocarburos de 1998, hasta ahora bloqueado. Sólo así cualquier empresa podrá transportar gas a consumidores cualificados simplemente pagando las tarifas fijadas, y no como consecuencia de una negociación abierta con el titular del monopolio -Enagás-, como hasta ahora. Un sistema, éste, que deja al propietario de la red la decisión de prestar o no el servicio. Sin esa regulación tarifaria, ni la salida a Bolsa ni la entrada de nuevos accionistas en Enagás beneficiarán al sistema industrial ni a los consumidores.