La revisión del censo provoca la primera crisis del Gobierno de Amato

La necesidad de aprobar con urgencia un decreto-ley para limpiar del censo electoral italiano los nombres de los fallecidos ha provocado la primera crisis grave del Gobierno que preside Giuliano Amato desde el 28 de abril. Ningún partido estaba en contra de actualizar el censo, que, en lo que respecta a los residentes en el extranjero, sigue dando por vivos a cerca de 600.000 fallecidos. El problema era el método a seguir.

En otros países europeos, el censo se actualiza de forma periódica. En Italia el mecanismo ha fallado, y ante la inminente consulta del 21 de mayo (en la que se someterá a referéndum, entre otras cosas, un cambio sustancial de la ley electoral), los partidos a favor del sistema mayoritario han presionado a Amato para que escogiera una vía de urgencia: el decreto-ley. Una medida necesaria toda vez que, argumentan, Italia necesita estabilidad, y la forma de obtenerla pasa por una nueva ley electoral mayoritaria que barra del Parlamento a los grupúsculos que lo copan haciendo el país ingobernable.El primer ministro se ha visto atrapado, dentro de la mayoría que dirige, entre dos fuerzas de signo contrario. Por un lado, la representada por el principal partido de la izquierda, Demócratas de Izquierda (DS) -apoyados por Los Demócratas de Romano Prodi y Los Verdes-, partidario de utilizar el bisturí a fondo para corregir los errores del censo aun a costa de dejar sin voto a más de un ciudadano vivo. Por otro lado, dos partidos centristas y ex democristianos, el Partido Popular Italiano (PPI) y el Udeur de Clemente Mastella, convertidos en puntillosos constitucionalistas ante el temor de que triunfe un referéndum que podría borrarles del mapa.

La batalla en el centro-izquierda ha sido tan intensa que el decreto-ley estuvo a punto de naufragar en el Senado (donde el Gobierno posee una mayoría holgada) y no lo hizo gracias a los votos del partido Alianza Nacional, que forma parte de la coalición de oposición. Los senadores del PPI y del Udeur abandonaron ofendidos la Cámara por considerar intolerable un decreto que, además de suprimir a los votantes con más de 100 años y a los que no figuren en dos censos sucesivos, retiraba el derecho al voto a quienes no hubieran participado en las dos últimas consultas electorales celebradas con seis meses de diferencia. La situación -calificada por el propio Amato de "carnavalesca"- obligó al primer ministro a llamar al orden a los diez partidos del centro-izquierda. Aun así, para contentar al sector centrista, el primer ministro optó por modificar el último supuesto, ampliando el plazo entre dos consultas a un año.

El nuevo decreto, aseguran, dejará fuera de las listas electorales a un 10% de los más de dos millones y medio de italianos residentes en el extranjero.