El final de la escapada

El proyecto de fusión de Telefónica con la operadora holandesa KPN ha terminado en un fracaso rotundo, pese a la favorable acogida de los mercados. Las dos empresas acordaron ayer abandonar las negociaciones ante la enemiga declarada del Gobierno español, que se ha traducido al interior del consejo de administración en rechazo explícito de los representantes del BBVA y La Caixa, accionistas de referencia de Telefónica. Es evidente que el fiasco del proyecto puede tener consecuencias graves para Telefónica, aunque sea tan sólo porque una empresa condicionada por una acción de oro no puede anunciar una fusión trasnacional sin contar con el beneplácito de su accionista privilegiado: el Gobierno.El primer efecto de esta operación frustrada será, sin duda, un debilitamiento de la posición de poder de Juan Villalonga, presidente de la compañía. Es la primera vez que de forma nítida el Gobierno y el núcleo duro se oponen con éxito a sus propuestas, aunque muy recientemente el Ejecutivo y el presidente de la compañía (que debe su nombramiento a Aznar)ya mantuvieron un pulso menos explícito a cuenta de su alianza con el BBVA, que arrojó como resultado final una notable rebaja en los términos del acuerdo entre el banco y la operadora de telecomunicaciones.

Entre los argumentos que explican el crispado enfrentamiento entre Rodrigo Rato, partidario de condicionar la fusión a la privatización inmediata de KPN, y los directivos de Telefónica, están las cuentas pendientes de pasados desencuentros: el conflicto de las opciones sobre acciones y muy especialmente la alianza con el BBVA, negociada en periodo preelectoral y a espaldas de un Gobierno que entonces actuaba en funciones y que ahora actúa desde la mayoría absoluta.

El paisaje después de esta última batalla resulta muy preocupante para la primera empresa española. Con un presidente que ha perdido un pulso con sus accionistas de referencia y, lo que es peor, se ha enfrascado en un rosario de desencuentros y conflictos con su accionista de oro. Todo ello introduce un inquietante factor de inestabilidad que difícilmente puede soportar una empresa de la magnitud y las características de Telefónica. Del lado del Gobierno queda la sensación de que ha radicalizado un conflicto bajo el argumento ideológico -coherente, sin duda- de que no puede abrir el cofre de una Telefónica totalmente privatizada a una empresa como KPN, que en gran parte pertenece al Estado holandés. En ningún momento se ha hecho una valoración técnica del acuerdo, que el mercado y los analistas juzgaban positivo para ambos socios. Sería buena una explicación detallada de todas las partes: Gobierno, núcleo duro y presidencia de Telefónica. Aunque es de temer que ni siquiera las explicaciones más completas cierren las fisuras.