Declaran ante el juez todos los imputados en el caso de la tránsfuga de Ceuta
Todos los imputados en el caso por supuesto cohecho relativo a Susana Bermúdez, la tránsfuga socialista que en agosto pasado dio el Gobierno de Ceuta al Grupo Independiente Liberal (GIL), han pasado esta semana por el Juzgado de Instrucción número 1 de esta ciudad. Ante el juez Rafael Rosel han declarado el matrimonio formado por Susana Bermúdez, actual consejera de Cultura, y Francisco Cazalla, viceconsejero de Participación Ciudadana; y también Antonio Sampietro, el presidente de la ciudad y líder local del partido de Jesús Gil, y su esposa, Carmen Seco.El punto central de los interrogatorios ha sido el viaje que, a cargo de Sampietro, realizó Bermúdez con sus dos hijas en el verano de 1999. Nada más firmar la moción de censura contra el Gobierno tripartito del PP, el PSOE y el PDS, durante la noche y antes de que nadie lo supiera, la actual consejera desapareció de Ceuta y se refugió en la casa que Sampietro tiene en Marbella (Málaga). Desde ese punto comenzó unas "vacaciones" que transcurrieron en su mayor parte en el Eurodisney de París junto a la mujer y la hija de Sampietro, que no se separaron de su lado en ningún momento.
La querella que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción y que ha provocado los interrogatorios se centra en el pago de este viaje por parte de Sampietro para argumentar que pudo existir una compra de la voluntad, del voto, de la tránsfuga.
Las declaraciones de los cuatro imputados han sido breves. Bermúdez permaneció en el despacho del juez durante una media hora y su marido la mitad. Sampietro y su esposa estuvieron un tiempo similar.
Rosel ha decretado el secreto de sumario, pero varias fuentes coinciden en que sus preguntas se centraron en los motivos por los que se produjo ese viaje y la forma en que los cuatro justificaban que Bermúdez abandonara la ciudad en compañía de la esposa de Sampietro, quien poco después sería presidente gracias a su voto.
Otro de los argumentos principales de la querella, sobre el que fueron interrogados Bermúdez y su marido, que aportó documentación fiscal, es el aumento de los ingresos de ambos tras entrar en el Gobierno del GIL. La pareja trata de demostrar, con el apoyo de los abogados de este partido, que sus ganancias mensuales sólo se han incrementado mínimamente desde que están en el Ejecutivo de Sampietro, pues ella ya tenía un sueldo elevado por ser vicepresidenta de la Asamblea con el anterior.
