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El número de reclusos tratados con metadona en prisión se ha disparado hasta 16.000 al año El PSOE lamenta que se dejen fuera los programas alternativos a la cárcel para drogadictos

Gabriela Cañas

Una reciente sentencia del Supremo pide que se exima de la cárcel a un drogadicto si se desintoxica en un centro de rehabilitación. El Código Penal de 1995 abrió la puerta a esta posibilidad, pero su aplicación no es tan extensa como se previó: un estudio evaluó que 7.000 reclusos se beneficiarían de ello cada año, pero sólo lo hacen apenas un millar. A cambio, se ha disparado el número de reclusos tratados con metadona tras las rejas: más de 16.000 al año. Esto significa, según el PSOE, que se abandonan los programas alternativos a la prisión a favor de los tratamientos carcelarios.

Un estudio del Grupo Interdisciplinar sobre Drogas para el Plan Nacional sobre Drogas pronosticó en 1995 que las modificaciones legales contenidas en el nuevo código afectarían a 7.000 personas, que podrían acogerse cada año a programas alternativos a la prisión. Los datos de la memoria del plan relativos a 1998 hablan sólo de 801 personas, si bien advierte de que se infravalora la realidad.Para el senador socialista Octavio Granado, "es evidente que hay un claro sesgo político, que se están dejando fuera los programas alternativos a la prisión" y favoreciendo los tratamientos dentro. De hecho, los programas de metadona en las cárceles se han disparado. En 1995 eran tratados con este opiáceo sintético 2.041 reclusos. Tres años más tarde, según el dato oficial del Observatorio Español sobre Drogas, ya eran 16.283. "La metadona no está mal", explica Granado. "Lo que critico es que se use haciendo retroceder otras políticas, como los programas libres de drogas. La metadona, yo lo comprendo, es una forma de mantener a la población reclusa calmada, pero no puede ser la única alternativa".

En el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio del Interior, alegan que las cárceles no se limitan a dispensar la metadona, sino que ofrecen un programa completo, con apoyo psicológico y sanitario. De hecho, según datos de Instituciones Penitenciarias, el presupuesto de la atención sanitaria dentro de las cárceles se eleva a 11.000 millones de pesetas anuales. Una gran parte del dinero se va en fármacos contra el sida -3.000 millones-, pero la mayor partida es para personal sanitario.

En todo caso, los estamentos oficiales también creen que se recurre poco a los programas alternativos a la cárcel. "Una de las principales dificultades en la aplicación de estas medidas", dice la memoria citada, "estriba en el hecho de que en la aplicación de éstas confluyen dos sistemas, el judicial y el sistema sociosanitario, con dos concepciones claramente diferenciadas de la forma en la que conviene actuar".

Granado cree que el problema es que el juez quizá no tiene suficiente información sobre los centros a los que puede enviar a un delincuente drogadicto, mientras que sí conoce en mayor profundidad la institución penitenciaria. Gonzalo Robles, delegado del Gobierno para el Plan sobre Drogas, también ha lamentado en ocasiones que los jueces sean tan reacios a recurrir a estas medidas.

Otra cuestión que critica el PSOE es que se estén recortando los programas de atención a delincuentes toxicómanos en comisarías y juzgados -11.578 casos en 1995; 4.846 en 1998-. "Estos programas de atención son esenciales para que el reo pueda demostrar que cuando delinquió era toxicómano, porque sólo demostrando tal cosa pueden beneficiarse de eximentes o atenuantes", explica el senador Granado.

Sin listas de espera

Casi el 40% de la población reclusa española (que ascendía a 38.365 personas el 1 de enero de 1999) declara haber consumido alguna vez droga por vía intravenosa. Se calcula en más del 50% la población que ingresa en prisión con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. De ahí que los diversos programas de prevención y desintoxiación dentro de las cárceles sean extensos.Además de los 16.283 reclusos que reciben tratamientos a base de metadona (el 40% de ellos se inició en el tratamiento una vez dentro de la cárcel), hay tres centros penitenciarios (Basauri, Pamplona y Tenerife) con programas de intercambio de jeringuillas y otro centro (Soto del Real) con comunidad terapéutica.

"También tenemos programas libres de droga", explican en el Plan Nacional sobre Drogas. "En estos momentos, España dispone de una potente red asistencial que da cumplida respuesta a la demanda existente de tratamientos de desintoxicación. Y podemos asegurar que no hay listas de espera para entrar en contacto con uno de los centros disponibles", añaden.

Los médicos abogan por tratar cada caso individualmente

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria, Pablo Sáiz de la Olla, dijo ayer que la sentencia del Supremo sobre el cumplimiento de penas por presos toxicómanos en centros de rehabilitación "es muy genérica y hay que estudiar cada caso individual".Sáiz de la Olla recordó que muchos jueces sustituyen ya la pena en prisión por su cumplimiento en un centro de desintoxicación si el enfermo se compromete a llevarla a cabo. Hay muchos toxicómanos que se acogerán a esta medida para curarse, pero "otros la podrían usar como arma para eludir la condena", añadió.

Por su parte, el director general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, dijo que "la Administración incide sobre estos problemas para que pueda hacerse realidad la finalidad de la pena privativa: que las personas vuelvan a la sociedad con capacidad y voluntad de respetar la Ley Penal".

Instituciones Penitenciarias coincide con los médicos en que cada caso debe tratarse individualmente. "La sentencia no quiere decir que miles de toxicómanos vayan a eludir la cárcel. Este caso sólo se dará individualmente cuando un juez así lo dictamine".

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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