El número de reclusos tratados con metadona en prisión se ha disparado hasta 16.000 al año El PSOE lamenta que se dejen fuera los programas alternativos a la cárcel para drogadictos

Una reciente sentencia del Supremo pide que se exima de la cárcel a un drogadicto si se desintoxica en un centro de rehabilitación. El Código Penal de 1995 abrió la puerta a esta posibilidad, pero su aplicación no es tan extensa como se previó: un estudio evaluó que 7.000 reclusos se beneficiarían de ello cada año, pero sólo lo hacen apenas un millar. A cambio, se ha disparado el número de reclusos tratados con metadona tras las rejas: más de 16.000 al año. Esto significa, según el PSOE, que se abandonan los programas alternativos a la prisión a favor de los tratamientos carcelarios.

Un estudio del Grupo Interdisciplinar sobre Drogas para el Plan Nacional sobre Drogas pronosticó en 1995 que las modificaciones legales contenidas en el nuevo código afectarían a 7.000 personas, que podrían acogerse cada año a programas alternativos a la prisión. Los datos de la memoria del plan relativos a 1998 hablan sólo de 801 personas, si bien advierte de que se infravalora la realidad.Para el senador socialista Octavio Granado, "es evidente que hay un claro sesgo político, que se están dejando fuera los programas alternativos a la prisión" y favoreciendo los tratamientos dentro. De hecho, los programas de metadona en las cárceles se han disparado. En 1995 eran tratados con este opiáceo sintético 2.041 reclusos. Tres años más tarde, según el dato oficial del Observatorio Español sobre Drogas, ya eran 16.283. "La metadona no está mal", explica Granado. "Lo que critico es que se use haciendo retroceder otras políticas, como los programas libres de drogas. La metadona, yo lo comprendo, es una forma de mantener a la población reclusa calmada, pero no puede ser la única alternativa".

En el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio del Interior, alegan que las cárceles no se limitan a dispensar la metadona, sino que ofrecen un programa completo, con apoyo psicológico y sanitario. De hecho, según datos de Instituciones Penitenciarias, el presupuesto de la atención sanitaria dentro de las cárceles se eleva a 11.000 millones de pesetas anuales. Una gran parte del dinero se va en fármacos contra el sida -3.000 millones-, pero la mayor partida es para personal sanitario.

En todo caso, los estamentos oficiales también creen que se recurre poco a los programas alternativos a la cárcel. "Una de las principales dificultades en la aplicación de estas medidas", dice la memoria citada, "estriba en el hecho de que en la aplicación de éstas confluyen dos sistemas, el judicial y el sistema sociosanitario, con dos concepciones claramente diferenciadas de la forma en la que conviene actuar".

Granado cree que el problema es que el juez quizá no tiene suficiente información sobre los centros a los que puede enviar a un delincuente drogadicto, mientras que sí conoce en mayor profundidad la institución penitenciaria. Gonzalo Robles, delegado del Gobierno para el Plan sobre Drogas, también ha lamentado en ocasiones que los jueces sean tan reacios a recurrir a estas medidas.

Otra cuestión que critica el PSOE es que se estén recortando los programas de atención a delincuentes toxicómanos en comisarías y juzgados -11.578 casos en 1995; 4.846 en 1998-. "Estos programas de atención son esenciales para que el reo pueda demostrar que cuando delinquió era toxicómano, porque sólo demostrando tal cosa pueden beneficiarse de eximentes o atenuantes", explica el senador Granado.