Agua de Vichy.

La V República Francesa ha reconocido la participación del Estado francés, representado por el Gobierno de Vichy, en la persecución y en el expolio de la comunidad judía durante la vigencia del Gobierno de Petain, y ese hecho ha sido celebrado como un motivo de satisfacción no sólo por la comunidad judía de Francia, sino por todos los demócratas que han mantenido desde siempre la necesidad de que la conciencia colectiva francesa hiciera sus cuentas con su pasado, superando una página de su historia en la que sus más altas instituciones traicionaron lo mejor de la tradición política francesa: su vinculación a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.Esa traición no se explica simplemente por el resultado de la derrota militar sufrida en la drôle de guerre de 1939-1940, sino que echa sus raíces en el propio pensamiento antidemocrático francés, que tiene tras de sí una importante estela de intelectuales y hombres públicos y que encontró su chivo expiatorio en el juicio público a Charles Maurras después de la derrota de Vichy. Según ese pensamiento reaccionario, el verdadero enemigo de la Francia eterna no era tanto la Alemania de Hitler como Gran Bretaña y las democracias de allende el Atlántico, y el éxito militar del nacionalsocialismo era visto como un momento favorable para rectificar la tradición política francesa representada en el lema Liberté, Egalité, Fraternité, y sustituirlo por el de Patria, Propiedad y Familia. La ignominia que significó ese periodo ha llegado a conocerse con el paso de los años y es ahora que se pueden reconocer abiertamente en Francia las raíces de un antisemitismo que hizo que tantos franceses colaboraran en el sacrificio de sus conciudadanos judíos.

La tragedia de nuestra guerra civil tiene sus propias coordenadas históricas que no permiten comparaciones mecánicas, pero no se puede desconocer la sintonía ideológica entre Vichy y el régimen nacionalsindicalista de Franco. Petain fue embajador de Francia ante el Gobierno de Burgos y colaboró muy entusiásticamente en la entrega de algunos ilustres refugiados españoles a las autoridades franquistas, lo que conllevó su fusilamiento. Entre ellos, quizá el más conocido, Lluís Companys.

La masonería jugó en el imaginario de la propaganda franquista el mismo papel fantasmagórico y tremebundo que el antisemitismo jugó en la retórica de Vichy, y no es casualidad que en la jerga del franquismo se acuñara la famosa expresión del contubernio judeomasónico como muletilla para explicar cualquier contrariedad a los deseos del dictador. Los sólidos estudios del profesor José Antonio Ferrer Benimeli y del Centro de Estudios que dirige en la Universidad de Zaragoza han acreditado de una manera objetiva y documentada la sistemática denigración, la persecución personal y el expolio material a que fueron sometidos los masones y la masonería durante la guerra civil y durante la dictadura, con una saña que sólo es explicable por la paranoica asociación que en la mentalidad franquista representaba la masonería como epítome de todas las tradiciones heterodoxas, modernizadoras y democráticas en España y con lo que eso significaba de desafío a la España imperial y contrarreformista con la que soñaba el franquismo.

La Constitución de 1978 y la Monarquía parlamentaria nacida de ese momento histórico han supuesto una profunda reconciliación de los diferentes veneros que conforman nuestra tradición colectiva, no sólo en lo politico, sino también en lo cultural, lo religioso y lo social. La España de este año 2000, aun y con todos los problemas que nos preocupan, es una sociedad estructurada, dinámica, económicamente competente, democrática, que goza de un nivel de libertades políticas que ha sido raro en nuestro pasado y que se ha liberado de muchos de sus demonios familiares. A pesar de ello, y en un tiempo como éste, en el que hasta la Iglesia católico-romana ha reconocido sus culpas como institución y todos los Estados de la Unión Europea han hecho cuentas con su pasado, todavía nosotros tenemos un deber pendiente en este punto. De entre todas las minorías que fueron perseguidas y expoliadas durante la dictadura, sólo la masonería ha quedado excluida de toda reparación y reconocimiento. Quizá ha podido influir en ello que la masonería, como tradición intelectual y moral, no es por sí misma un movimiento político y no se ha beneficiado por ello de la prioridad por reconstruir nuestro tejido político a la que, como es lógico, se han dedicado nuestros políticos. Por otro lado, se ha asociado de una manera a mi juicio superficial a la masonería con una especie de tertulia de republicanos nostálgicos, con lo que se la ha incluido entre los fenómenos sociales definitivamente superados por la historia, lo cual, desde nuestro modesto punto de vista, está muy lejos de la verdad, ya que la masonería no practica un entendimiento partidario de lo político ni se resume en unos valores políticos, sino que, salvando su adhesión a la democracia como forma superior de convivencia política, pretende algo más profundo y complejo.

La masonería recuerda con afecto y admiración a todos, no sólo a los masones, que se comprometieron en la defensa de la legalidad republicana porque en esa memoria se encierra su deber de lealtad con los valores de libertad a los que la masonería está indisolublemente unida, pero no hace de ese deber moral un acto de militancia política, sino que practica, por el contrario, su particular sociabilidad en las logias, propiciando la mediación emocional e intelectual entre hombres y mujeres de todos los horizontes religiosos y políticos que están dispuestos a respetar la verdad de los otros y la libertad de cada uno para construir su propio proyecto de humanidad.

A pesar de algunas declaraciones en este sentido realizadas por D. Tomás Sarobe (GLE), la masonería española en su conjunto no pretende tampoco una operación de reparación en términos esencialmente dinerarios, sino sobre todo una reparación moral que reintegre a la masonería su sitio en el conjunto de la sociedad española y luego, eso sí, una posibilidad para todas las asociaciones masónicas de uso y disfrute de aquellos inmuebles y locales que le puedan permitir realizar ese trabajo de reflexión y socialización que le es propio y que la guerra civil y la dictadura interrumpieron por los medios violentos y antijurídicos que todos conocemos.

Los masones, hombres y mujeres de este tiempo, que pretendemos, no siempre con éxito, desde luego, mantener viva, según un método tradicional y simbólico, una pedagogía individual y colectiva que se define entre nosotros por los valores de libertad, igualdad y fraternidad, no deseamos nada que no sea justo y razonable. Es el momento de que esta pretensión sea conocida por nuestros conciudadanos.

Javier Otaola es presidente de la Gran Logia Simbólica Española-Gran Oriente Español Unido.