Nueva economía a la española
El presidente del Gobierno, José María Aznar, describió el pasado martes, en su discurso de investidura, los objetivos macroeconómicos para la séptima legislatura: a largo plazo, pleno empleo; a corto, equilibrio presupuestario, disminución de los impuestos, reducción de la inflación y aumento de la inversión pública. Estos objetivos son incompatibles entre sí si la economía no permanece en una senda de fuerte crecimiento sostenido, como en la etapa anterior.No hay diferencias sustanciales entre lo que propone Aznar y lo que está haciendo la mayoría de los países europeos; en la Unión Europea se vislumbran tiempos mejores de crecimiento (aunque no tanto como en Estados Unidos, lo que seguirá produciendo la debilidad del euro; en 1996, cuando el PP llegó al Gobierno, un dólar costaba 123 pesetas; hoy, 181) y hay países europeos con tasas superiores o iguales a las de España y menos desequilibrios macroeconómicos: Irlanda, Holanda, Finlandia e incluso Francia. La pregunta es la capacidad de reacción que tendrían si se produjese una crisis imprevisible y cambiase la tendencia.
Para embarcar a nuestro país en esta época y homologarle a la nueva economía que se definió en la cumbre de Lisboa, Aznar ha dotado de mayores poderes al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, a través de una reforma administrativa del Gobierno y de la instalación de sus hombres de confianza en algunos departamentos. La única persona de Rato que, por segunda vez, se queda fuera del primer círculo del Gabinete es la hasta ahora secretaria de Estado de Comercio, Elena Pisonero, pese a lo positivo de su acción administrativa. Algún día habrá de desvelarse el misterio de por qué Pisonero no fue ministra de Agricultura cuando lo dejó Loyola de Palacio (pese a anunciarlo la agencia oficial Efe, con su currículum) y ahora, que figuraba en todas las listas sin que su nombre desentonase. A los poderes que ya tenía, Rato ha añadido el control del sistema energético (petróleo, gas y electricidad) y la decisión sobre algunas tarifas estratégicas, como las telefónicas. En la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que él preside, estará su hombre de confianza Cristóbal Montoro (del que dependen los ingresos públicos) y el que ya era ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio; ellos significan la continuidad. Los nuevos serán la flamante ministra de Ciencia y Tecnología (de la confianza de Josep Piqué), Ana Birulés; el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos (será curiosa la relación entre un vicepresidente y un ex vicepresidente), al que esperan como agua de mayo en su tierra, Asturias, para que arregle los problemas históricos de infraestrusturas (entre ellos, el fin de la autovía del Cantábrico), y Celia Villalobos, la ministra de Sanidad. Con este esquema será más problemática la aparición de tensiones como las que en el pasado hubo con Arias-Salgado o Piqué. En el área de Rato se incardinan los principales organismos reguladores de la economía: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el servicio de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión de las Telecomunicaciones.
Esta mayor coherencia servirá para explicitar que una cosa es liberalizar la economía y otra desregularla. Para que una economía liberalizada sea eficaz y equitativa, y evite las situaciones de monopolio u oligopolio en el sector privado, es necesario que al mismo tiempo sea vigilada y regulada con organismos fuertes y lo más independientes posible del poder político.
Cuatro años después del primer triunfo electoral del Partido Popular, la situación económica está bastante más equilibrada, el crecimiento es casi el doble que en marzo de 1996 (cerca del 4% del PIB) y el déficit público se ha reducido casi cinco puntos. Los dos aspectos más débiles son el control de la inflación (que ha pasado del 3,4% al 2,9%) y el déficit de la balanza por cuenta corriente, que se ha incrementado espectacularmente. Si los cuellos de botella son menores, ahora habrá que vigilar los aspectos cualitativos, entre ellos la exquisita neutralidad del Ejecutivo en el sector privado de la economía.
