11.000 inmigrantes piden la regularización
Unos 11.000 inmigrantes residentes en Cataluña han regularizado su situación desde que se abrió el plazo, el pasado 22 de febrero, a través de las Oficinas de Bienestar Social (OBS) de la Generalitat y de las delegaciones del Gobierno, según informó ayer la consejera de Bienestar Social, Irene Rigau. La consejera se reunió con el Consejo Asesor de la Inmigración de Cataluña -formado por 32 personas-, representantes de las ONG, los municipios, los sindicatos, la patronal, las asociaciones de vecinos y las de inmigrantes. Más tarde compareció ante la Comisión de Estudio sobre la Política de Inmigración de Cataluña, formada no sólo por diputados, sino también por expertos en la materia. Rigau informó a los dos entes sobre los datos del proceso de regulación de los inmigrantes que se acogen a la nueva Ley de Extranjería. La consejera dijo que los 11.000 regularizados se acercan a los 15.000 que previó su departamento. Las OBS han atendido 6.600 consultas y tramitado 2.700 expedientes de regulación, informó la consejera. Los inmigrantes regularizados han tenido que acreditar que habían solicitado en alguna ocasión el permiso de residencia o de trabajo, o haberlo tenido en los últimos tres años.
Reforma de la ley
La consejera informó también del proyecto del decreto de la Generalitat que tiene que regular la Ley de Extranjería y sobre las propuestas para establecer el nuevo Plan Interdepartamental de Inmigración. Rigau aseguró que "no está preocupada" por los insistentes rumores de que el nuevo Gobierno prevé reformar la Ley de Extranjería.
En relación con el decreto, los miembros del consejo escucharon la propuesta de Rigau, la analizaron y se comprometieron a sugerir nuevas propuestas que se debatirán de nuevo hacia finales de mayo. Al respecto, UGT estimó positiva la propuesta de decreto, pero ha indicado que espera que se convierta en hechos "para que no quede en un mero gesto político".
El nuevo plan interdepartamental sobre inmigración, el segundo que redacta la Generalitat, se presentará públicamente en enero de 2001 y tendrá una vigencia de cinco años. El plan trabajará sobre tres líneas básicas: profundizar sobre el estudio de la inmigración en Cataluña, promover su integración y recoger las propuestas del Consejo Asesor, y establecer mecanismos de cooperación con los entes sociales y con las asociaciones de inmigrantes para su aplicación.
La novedad en relación con el plan anterior es que, por primera vez, habrá dos ámbitos de actuación, uno que atenderá a los inmigrantes que vivan desde hace tiempo en Cataluña, y otro para los de reciente llegada.
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