El Gobierno reducirá a cinco años el plazo para liberalizar el sector del gas

El Gobierno reducirá de 10 a 5 años el plazo para la plena liberalización del mercado del gas. El Ejecutivo aprobará en breve medidas para liberalizar el sector. Estas medidas buscan aumentar la competencia en el mercado del gas, controlado en más del 90% por Gas Natural. Los borradores que maneja el Ejecutivo también contemplan que Gas Natural segregue su filial Enagás -dueña de los gasoductos- para dar entrada a otros operadores. Ello implica modificar la Ley de Hidrocarburos o promulgar otra.

La reducción de 10 a 5 años del plazo para liberalizar el sector significa que otros operadores distintos a Gas Natural podrán tener sus propias redes de transporte y distrubución de gas. De hecho, el Gobierno ya quería imponer este plazo de cinco años tras las elecciones de 1996. Sin embargo, se vio obligado a ralentizar la transición a la competencia del mercado del gas debido a la presión política realizada entonces por el grupo CiU, la coalición que lidera Jordi Pujol. La reducción del plazo se tradujo en un caída del 2,05% de las acciones de Gas Natural, a pesar de que la compañía anunció ayer que se había adjudicado una concesión para distribuir gas en el Estado brasileño de São Paulo por 51.600 millones de pesetas.

Ahora, con el camino franco que ofrece el horizonte de la mayoría absoluta, el Gobierno dispone ya de un borrador para realizar estas reformas. Sólo ha de acordar las compensaciones por la reforma con los dos grandes accionistas de Gas Natural, la petroquímica Repsol (45% del capital) y La Caixa (25%).

Situación de La Caixa

El primero de ellos, Repsol, no pondrá piedras en el camino emprendido por la Administración -basta recordar que el presidente de la empresa, Alfonso Cortina, fue un nombramiento impuesto por Aznar-, mientras que La Caixa mantiene todavía la presidencia ejecutiva de la sociedad gasista, pero ha perdido peso en el grupo. Además, la situación ha cambiado debido a que CiU ya no es determinante en el Congreso.

El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, terció ayer en la polémica sobre el sector del gas apoyando la intención del Gobierno de recortar el plazo de 10 años de moratoria que fija la Ley de Hidrocarburos para que otros agentes construyan infraestructuras gasistas.

Petitbó afirmo que "siempre hemos dicho que 10 años es mejor que 15 y que cinco años es mejor que 10". A criterio de Petitbó, el proceso para la liberalización del gas se asemeja al adelanto de la liberalización de las telecomunicaciones, que, en su opinión, benefició a Telefónica haciéndola una empresa "más fuerte y aumentando su proyección internacional".

La idea ya conocida de separar Enagás y Gas Natural será el eje del paquete liberalizador del mercado del gas, presumiblemente una de las primeras medidas que tomará el nuevo Gobierno. Aunque fuentes oficiales de Gas Natural ponen en duda la viabilidad del plan, lo cierto es que el Ejecutivo quiere imponer este modelo porque considera que es la única posibilidad de alcanzar la competencia en el sector del gas, dicen fuentes de la Administración.

El Gobierno está convencido de que el mercado del gas sólo puede fucionar en régimen de competencia si la red de gasoductos españoles es neutral, es decir, no está controlada por un único operador como ocurre en la actualidad, señalan fuentes de la Adminsitración. Ahora, esta red es propiedad de Enagás y, por tanto, pertenece a la matriz del grupo, Gas Natural, que, a su vez, distribuye gas a empresas y particulares prácticamente en régimen de monopolio.

En España existen otras empresas distribuidoras de gas, como Shell, BP-Amoco o Cepsa, que quieren entrar en este mercaco en régimen de competencia. De hecho, estos operadores ya transportan gas a través de la red de Enagás, pagando a Gas Natural un canon establecido por el sistema llamado de acceso de terceros a la red (ATR), regulado por el Ministerio de Industria. A partir de este dato, Gas Natural argumenta que cualquier operador puede distribuir gas utilizando sus gasoductos siempre que pague el canon estipulado por la Administración.

Frente a este argumento esgrimido por Gas Natural, el Gobierno considera que la liberalización empieza por la red básica de transporte, y por ello quiere separar a Enagás de su matriz para posibilitar la entrada de nuevos socios en la empresa. Entre los nuevos accionistas estarán con toda probabilidad empresas como Shell o Cepsa.