Vivienda plantea penalizar la tenencia de pisos vacíos e intensificará la lucha contra el fraude
Creará un sistema de inspección para comprobar que se ocupan las casas de protección oficial
VIENE DE LA PÁGINA 1 Los pisos protegidos que se iniciarán en el cuatrienio, por su parte, serán tasados por el Gobierno entre los 12 y 15 quince millones de pesetas.
Vivienda destinará 5. 950 millones de los previstos en el plan a la compra y urbanización de suelo; otros 12.600 millones irán a la edificación de viviendas y 20.967 se repartirán en la promoción del alquiler y las ayudas a la compra y rehabilitación de viviendas. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, estima que la compra de viviendas protegidas o libres a precio tasado por parte de los particulares que se acojan a las ayudas que ofrece el Gobierno movilizará préstamos de las entidades financieras por importe de 180.000 millones de pesetas.
El Ejecutivo espera, por otra parte, "mover" el mercado de las viviendas vacías, que constituyen el 10% del total de las censadas en la comunidad autónoma. Casi la mitad son utilizadas en determinadas temporadas del año, pero otro 20% se emplean sólo como fórmula de inversión y se mantienen cerradas a la espera de que se incremente su valor. El documento plantea una serie de medidas para "animar" a sus propietarios a movilizar los pisos vacíos: desde los incentivos económicos por el alquiler de estas viviendas por un mínimo de cinco años, sin tener que calificarla como protegida, hasta la negociación de incentivos fiscales con las diputaciones.
La consejería de Patxi Ormazabal es partidaria de modificar la fiscalidad y penalizar a los pisos vacíos para espolear su salida al mercado. "Los ayuntamientos deben estudiar la imposición de un tasa a las viviendas que superen un plazo determinado sin ser ocupadas, ni acreditar que están en oferta de venta o alquiler a precios de mercado, ni hallarse en estado de ruina", expone el Plan.
Control más riguroso
La lucha contra el fraude en el sistema de viviendas protegidas es otro de los apartados destacados de la nueva estrategia del departamento. Presentar datos falsos, no ocupar la vivienda protegida o venderla con sobreprecio son algunas de las conductas más habituales de los defraudadores. El plan pretende afinar la aplicación de ciertos mecanismos de control: introducirá una cláusula de "pacto de recompra" en los contratos de compra-venta de viviendas protegidas para aplicarla en casos de no ocupación, cuando la Administración ha sido la parte vendedora; y en los casos de no ocupación de viviendas protegidas promovidas por la iniciativa privada o transmitidas entre particulares, se procederá a su expropiación.
La consejería también obligará a los notarios a remitir a las delegaciones territoriales del Departamento de Vivienda las minutas y las escrituras relativas a todas las ventas de viviendas protegidas para su visado y creará un sistema para inspeccionar la ocupación efectiva de las viviendas protegidas.
Por otra parte, el Plan Director pretende intensificar los proyectos de rehabilitación de viviendas en mal estado, cuantificadas en 90.000. Este apartado revertirá en la reforma de cocinas y baños -el 47% de los pisos degradados lo necesitan- y tejados y fachadas. El coste medio de la rehabilitación es de 2,3 millones de pesetas para la reforma de cocina y baño y de 1,7 millones cuando se trata de elementos comunes, como el tejado. La rehabilitación incorpora como novedad que el piso que reciba ayudas dejará de ser considerado protegido por la Administración si su propietario devuelve el importe de las ayudas percibidas. En este caso podrá venderlo después a precio de mercado.
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