Cada capital tendrá una oficina para atender las dudas de ciudadanos y profesionales

VIENE DE LA PÁGINA 1 El consejero Ormazabal reconoció que la puesta en marcha de las normas planteará dificultades. Para tratar de paliar los problemas, anunció la creación del Consejo de la Accesibilidad -un foro integrado por la consejería, organizaciones de discapacitados, asociaciones de consumidores y profesionales del sector de la construcción-, que se encargará de evaluar los obstáculos que se perciban a la hora de hacer efectivo el reglamento aprobado.

Además, también está prevista la apertura de oficinas en las tres capitales vascas para atender las dudas de los particulares y de los profesionales sobre la normativa. Estos servicios de asistencia técnica e información dispondrán de atención personalizada y de un número de teléfono para atender cualquier cuestión.

El precedente de la ley para la Promoción de la Accesibilidad, aprobada en 1997, es la ley de Barreras Arquitectónicas, que data de 1984. Con el paso del tiempo, esta norma se había quedado "obsoleta", según el consejero, aunque puntualizó que en su momento sirvió para que "la sociedad tomara conciencia del problema". "Ahora no hablamos de suprimir barreras arquitectónicas, sino de promocionar la accesibilidad. Es una garantía para todos. La población vasca cada vez tiene más personas mayores de 70 años, lo que supone una progresiva merma en sus capacidades motoras", comentó.

Las normas técnicas aprobadas identifican los grupos de personas con dificultades en la accesibilidad, las necesidades de espacio para los movimientos y todos los aspectos que deben tenerse en cuenta en el diseño para lograr que los espacios y edificios sean accesibles y permitan la comunicación para todas las personas. Así, regula las condiciones de accesibilidad del entorno urbano, es decir, de los espacios públicos y de los equipamientos comunitarios, de los edificios, de los transportes públicos así como las condiciones técnicas que deben reunir los sistemas de comunicación.

El informe del Ararteko correspondiente a 1999 ya analiza la situación de la accesibilidad en Euskadi para las personas con problemas físicos, hace mención a las quejas que ha recibido por parte de ciudadanos y expresa su preocupación por el incumplimiento del plazo estipulado para desarrollar la ley aprobada en 1997. "La norma que aprobó el Parlamento supuso la consecución de una de las principales reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad", refleja el Defensor del Pueblo, Xabier Markiegi, en su trabajo.

En esta línea recuerda que, 16 años después de la aprobación de la primera ley de supresión de las barreras arquitectónicas, "todavía hoy la mayor parte de los centros que albergan los servicios sociales de base siguen siendo inaccesibles para los discapacitados".

Según el Ararteko, al menos a 159 centros no puede acceder, por ejemplo, una persona en silla de ruedas de forma autónoma. El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio específicas con los diferentes ayuntamientos para mejorar las posibilidades de acceso a los centros.