Subasta o concurso

Las nuevas tecnologías telefónicas constituyen uno de los pilares de la nueva economía y del ciclo de prosperidad que se ha instalado en Estados Unidos y que empieza a vivir Europa. La tecnología UMTS, que permite, entre otras cosas, conectar la información de Internet con el teléfono móvil, es la que ofrece hoy mejores expectativas de desarrollo comercial y económico. El procedimiento de concesión de las licencias que permiten la explotación de las nuevas comunicaciones es el primer paso para medir el éxito de los negocios futuros y el mejor servicio a los usuarios.El Gobierno ha concedido licencias de UMTS a Telefónica, Amena, Airtel y Xfera por el procedimiento de concurso público. En Europa se utilizan dos métodos de concesión, concurso y subasta, ambos perfectamente legítimos. En el primero, el Gobierno decide entre varias ofertas con criterios que no siempre resultan conocidos y que suelen incluir compromisos de inversión; el segundo es simple y directo, puesto que se concede la licencia a quien más paga, sin condiciones añadidas que puedan originar discrecionalidad. Francia quiere sumarse ya a un método como el del concurso, que tan elevados ingresos ha proporcionado al Reino Unido, casi al tiempo que Telefónica anunciaba su retirada de la subasta para adquirir una de las cinco licencias británicas de telefonía móvil, prueba evidente de que no debe ser un sistema fácil.

No existen razones contundentes a favor de uno u otro sistema. Pero parece evidente que la subasta produce mayores ingresos al Estado y genera menos reticencias en la opinión pública. Suele objetarse que el concurso impone obligaciones de inversión a los concesionarios, de forma que garantiza mejor la calidad del servicio futuro. Es discutible. No hay por qué suponer que los grupos empresariales interesados en rentabilizar su inversión van a poner en peligro su negocio escatimando en desarrollo simplemente porque no tienen compromisos adquiridos vigilados por el gendarme Estado.

El debate entre subasta y concurso es parte del problema de fondo de la transparencia que debe imponer el Gobierno a sus decisiones, especialmente las relacionadas con negocios privados. En los últimos años han proliferado concesiones y autorizaciones públicas en las que se ha detectado información privilegiada. Es responsabilidad del Gobierno acabar con estas distorsiones del mercado. No es admisible la callada por respuesta a tantos casos de descarada especulación bursátil.