El arzobispado reactiva la demanda contra el bloque colindante a la iglesia ilegal

La Iglesia contraataca. Para defender la integridad del templo Nuestra Señora de las Fuentes, sobre el que pende una orden judicial de derribo que el Gobierno municipal se niega a ejecutar, el arzobispado de Madrid ha reactivado una demanda que presentó en 1996 contra el bloque colindante de viviendas en el que viven los dos vecinos que pleitean contra la iglesia ilegal y otras 84 familias. La demanda del arzobispado plantea que el bloque de pisos invadió parte de la parcela donde se levantó la iglesia y reclama la demolición de las viviendas.

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, se niega a derribar el templo pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid así se lo ha ordenado en al menos cuatro ocasiones. La última, la semana pasada, incluía una multa de 250.000 pesetas al gerente municipal de Urbanismo por no cumplir la orden de demolición y le daba un plazo de 20 días para derribar la parte de la iglesia donde se sitúa el altar mayor por encontrarse a una distancia menor de la permitida del bloque de viviendas.El alcalde y los responsables municipales del PP han insistido que tan sólo dos vecinos, y por intereses económicos, están contra la iglesia.

Una carta remitida a este periódico por los representantes de la comunidad de propietarios en el conflicto, Manuel Lombao Lombao y Elena Crespo Arce, refleja que el malestar contra las instituciones es generalizado en todo el bloque.

Los 86 pisos situados junto al templo se terminaron de construir en 1983; la iglesia se edifició en 1988, aclaran en su escrito los dos residentes.

Manuel Lombao y Elena Arce recuerdan que el arzobispado de Madrid planteó en 1996, tres años después de la sentencia que obligaba a demoler la parte ilegal de la iglesia, una demanda civil contra la comunidad de propietarios por supuesta invasión de los terrenos eclesiásticos con la reclamación de derribo de las viviendas.

Mientras se tramitaba esa demanda, llegó el momento de ejecutar la orden de demolición del templo. Aquel día, según los vecinos, hubo insultos y conatos de agresión dirigidos a los residentes del bloque colindante a la iglesia.

En los primeros meses de 1997, los abogados del arzobispado y del Ayuntamiento negociaron un acuerdo con la comunidad de propietarios, quienes pusieron como condición para dialogar con la Iglesia que esta institución retirase su demanda civil contra los vecinos. El 17 de febrero de 1997, el arzobispado suspendió su demanda.

El relato vecinal continúa así: "Las negociaciones son suspendidas, sin previo aviso, por parte del Ayuntamiento y el arzobispado en el momento en que éste plantea un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Pero el Supremo, el 20 de julio de 1999, volvió a confirmar que el templo tenía una parte ilegal y había que derribarla".

"Ante la cercanía de un segundo intento de demolición", aclaran los vecinos, "la Gerencia de Urbanismo y el arzobispado solicitan al presidente de la comunidad de propietarios nuevas negociaciones". En este caso se llegó a un acuerdo en el que la comunidad ponía de manifiesto "su falta de interés en la ejecución" de la sentencia mientras que consideraba "fundamental la retirada" definitiva "del procecimiento civil en que se ha visto envuelta". "Ésta es la única razón del acuerdo, siempre sin perjuicio de terceros, en este caso los dos vecinos litigantes, y por supuesto, sin ninguna intención de obstruir a la justicia", aclaran Lombao y Crespo. El acuerdo se firmó el 8 de marzo, y los vecinos creyeron que el arzobispado, gracias a ese pacto, había renunciado a las acciones judiciales contra el bloque de viviendas. Pero cinco días antes, según denuncian ahora Lombao y Crespo, la Iglesia reactivó la demanda. "Hecho del que fuimos conocedores tres días después de la firma del acuerdo al recibir la notificación del juzgado", señalan los residentes.

El párroco de la iglesia, según cuentan, aseguró a los vecinos que se iría del templo si se reactivaba la demanda. Por su parte, el gerente de Urbanismo se comprometió a mantener informada a la Comunidad, pero, según los vecinos, les ocultó que iba a tramitar la legalización del templo mediante un estudio de detalle que desconocen cómo les puede afectar.

Y concluyen: "En los últimos años nos hemos visto envueltos en un problema en el que no teníamos ni arte ni parte y, tras haber sido insultados, amenazados, utilizados y engañados por todas las partes del conflicto, somos, al final, gravemente perjudicados".