Cervera sitúa a las clínicas privadas de segunda opción en las listas de espera

El Plan de Choque sigue sin tener fecha de caducidad. El recurso desarrollado por el PP de acudir a los hospitales privados para agilizar las listas de espera se mantendrá pese a la aprobación en breve de un nuevo decreto dirigido a potenciar las intervenciones en los hospitales públicos. El último borrador del denominado Plan Exprés -decreto que se encuentra en proceso de negociación entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad que dirige José Emilio Cervera- contempla ofrecer a los enfermos que estén esperando más de 90 días una operación elegir, como primera opción, ser intervenidos en un centro público. Como segunda, en caso de rechazar la anterior, el texto sigue ofreciendo el recurso al procedimiento que habilita el decreto 97/1996 alentado por Farnós. De esta forma, esta medida no acabará con el desvío de fondos de la sanidad pública a la privada para intervenciones de pacientes del Servei Valencià de Salut, unos 9.000 millones de pesetas los últimos cuatro años.El paciente podrá optar entre la lista de hospitales de la red pública que se le ofrezcan siempre que el centro no cuente con lista de espera propia. Está previsto que se creen equipos de trabajo en los servicios de los hospitales que realizarán las intervenciones fuera del horario de trabajo, y a quienes se les pagará, según el borrador, el 22% del coste del proceso en clínicas privadas.

Los sindicatos CC OO y UGT coinciden en apuntar que la medida nace con un planteamiento adecuado, esperan que su desarrollo respete el aumento de competencias de los centros públicos y que desemboque en un futuro en la gestión total de las listas de espera por parte de los hospitales de la red pública. La responsable de sanidad de CC OO, Tere Conca, afirmó ayer que el sindicato pretende entrar en la gestión de los criterios de la lista de espera, aumentar el personal de los centros para absorber el incremento de trabajo así como establecer medidas de control de forma que se evite que el exceso de trabajo pueda influir en la calidad asistencial. Miguel Usó, dirigente de sanidad de UGT, apuntó la necesidad de establecer una comisión de seguimiento de la aplicación del decreto.