Los impulsores de la Carta Social irán al Parlamento pese a PNV y PP

Los impulsores de la Carta Social lograron ayer uno de sus objetivos, al conseguir que el Parlamento reconozca su derecho a intervenir en la ponencia que tramita el proyecto de ley propuesto por este colectivo, arropado por más de 82.000 firmas. Los grupos políticos, excepto el PNV y el Partido Popular, admitieron que los portavoces de la iniciativa popular intervengan cada vez que ellos consideren oportuno para rebatir las enmiendas presentadas en la Cámara. Éstos llegaron a estudiar la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para garantizarse ese derecho. Uno de sus representantes, José Ramón Castaños, entendió la negativa del PP y PNV como una muestra de que "la dialéctica perversa de bloques políticos de este país se rompe en temas sociales".De hecho, según las actuaciones de los partidos hasta el momento con respecto a la Carta Social, el PNV y el PP se han mostrado reacios al texto presentado en el Parlamento. En el lado contrario se encuentran EH e IU, que suscriben por completo la iniciativa popular; y en un lugar intermedio, EA, PSE, y UA.

Castaños reclamó a los partidos, y en especial al PNV, que extiendan el diálogo al exterior del Parlamento, a "la sociedad civil", para constituir así "una mayoría social que permita una integración ciudadana desconocida en la historia de este país". El promotor de la iniciativa criticó al PNV y al PP porque, a su parecer, "entienden que la democracia es únicamente lo que existe entre estas paredes" y "que el derecho a legislar lo tienen sólo los partidos políticos y no los movimientos ciudadanos".

Un coste de 125.000 millones

Castaños presentó a los miembros de la ponencia un informe en el que se resumen los objetivos que persigue la iniciativa y las fórmulas de su posible financiación. La Carta Social, documento que llegó al Parlamento en febrero de 1997, propone que se garantice un salario mínimo interprofesional a todos los parados mayores de edad y a los pensionistas, así como una jubilación anticipada a los 60 años, la eliminación de las horas extra, el cambio de los puestos interinos por otros fijos y promover la semana laboral de 32 horas.

En el texto entregado ayer, los promotores de la Carta Social calculan que su coste "no superaría los 125.000 millones de pesetas" y aseguran que en esa cifra coinciden con "los técnicos del Eustat [Instituto Vasco de Estadística], las organizaciones sociales y los sindicatos". Respecto a su financiación, proponen que el Gobierno vasco se acerque a la media comunitaria en el porcentaje de gasto social y en la persecución del fraude fiscal. "Ahora está siete puntos por debajo de la media europea", sostienen. Además, reclaman la transferencia de las competencias del Inem y de la Seguridad Social al Gobierno vasco porque, recuerdan, "en el último año el superávit del Inem en Euskadi era de 50.000 millones".