El juez Armengol solicita el amparo del Poder Judicial
La fiscal jefe de Bilbao, Ángeles Montes, ha solicitado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que "incoe diligencias de investigación" para depurar las responsabilidades disciplinarias que procedan entre los magistrados del caso Brouard, Ana Iracheta, Antonio Giménez y Olatz Aizpurua, por si hubieran revelado a Julián Sancristóbal, procesado en el caso, datos conocidos en el ejercicio del cargo.
José Luis González Armengol, juez instructor del caso Brouard, solicitó ayer amparo al Consejo General del Poder Judicial "por entender inquietada o perturbada" su independencia en la instrucción del citado proceso.El magistrado señala en su escrito que con posterioridad al otoño de 1998 comenzó a "engendrarse un ambiente de inquietud y tensión conforme la investigación deparaba datos incriminatorios contra personas vinculadas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y destacados dirigentes del Ministerio del Interior de etapas anteriores".
El escrito denuncia una campaña del diario El Mundo para exonerar de responsabilidad criminal al procesado Julián Sancristóbal y "pretendiendo incardinar en la preparación de los hechos [el asesinato de Brouard] a antiguos responsables del Ministerio del Interior bajo mandato socialista".
El juez relata también llamadas telefónicas amenazantes de las que han sido objeto su esposa, también magistrada, y sus hijos.
El escrito califica de "campaña de atosigamiento" la información publicada por El Mundo el pasado 5 de abril, en el que la ex esposa de un conocido abogado de Madrid, presa por haber intentado matarle, declaraba que la instrucción del caso había sido un montaje orquestado en reuniones en el que habría participado el juez en el domicilio del letrado.
La Fiscalía vasca pide investigar a todo el tribunal del 'caso Brouard'
La fiscal relata que la Sección primera de la Audiencia de Bilbao era el tribunal encargado de resolver los recursos de apelación del caso Brouard, y que el procesado Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya y ex director de la Seguridad del Estado, que se encontraba en prisión preventiva por su presunta intervención en el crimen del ex dirigente de HB Santiago Brouard, solicitó y obtuvo el 1 de diciembre de 1999 una fianza por importe de 10 millones de pesetas con la que eludió la prisión, un día antes de que el tribunal se reuniese y acordase su imposición. Sancristóbal, que fue alcalde de la localidad vizcaína de Ermua, está declarado insolvente en el mencionado proceso.Por ello, la fiscal jefe considera que si la fianza fue gestionada con anterioridad a que fuera impuesta quiere decir que los magistrados realizaron una "deliberación previa" en la que se acordó la fianza de 10 millones para Sancristóbal y que ese "acuerdo" anterior al 2 de diciembre, fecha de la vista de la apelación, llegó a conocimiento de Sancristóbal o su entorno, que lo supieron por algún funcionario de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bilbao.
La fiscal considera que los hechos pueden ser constitutivos de una falta grave prevista en el artículo 418.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece: "Falta grave: revelar hechos o datos por el Juez o Magistrado, conocidos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éste, cuando no constituyese falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta Ley".
Además, la fiscal jefe Ángeles Montes ha instado a la magistrada Ana Iracheta, que es a la vez presidenta de la Audiencia Provincial de Bilbao, y de la Sala de Gobierno de Tribunal Superior del País Vasco, a que se abstenga en la "deliberación y votación" de la petición de investigación en la Sala de Gobierno, debido a que, como presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Bilbao, presidió la vista de apelación en la que se decidió la fianza de Sancristóbal, y por tanto, es una de las personas afectadas.
La fiscal ya remitió un escrito a la Sala de Gobierno del TSJPV el pasado 10 de febrero, en el que informaba de los hechos, pero el 1 de marzo el órgano de Gobierno decidió "limitarse a tomar conocimiento de lo comunicado y abstenerse de resolver al respecto". En aquel momento la Sala de Gobierno indicaba que el escrito de la fiscal no solicitaba nada explícitamente sobre extremos concretos.
Ahora ya no hay escapatoria: la fiscal jefe pide la apertura de una investigación y solicita que se tome declaración a los magistrados Ana Iracheta, Antonio Giménez y Olatz Aizpurua, integrantes del tribunal; a Soledad González, secretaria de la sala; a la fiscal del caso Brouard, Paloma Abad; al propio Julián Sancristóbal; a su abogado, José Luis Sádaba; a la apoderada del BBV Candelas Lombraña y al abogado de la acusación José María Montero.
Igualmente solicita a la sucursal del BBV de la calle de Marqués de Valdespina, 9, de Ermua (Vizcaya) para que aporte toda la documentación relativa al aval de 10 millones concedido a Sancristóbal. Pide también al Registro Especial de Garantías que informe sobre la fecha en la que tuvo entrada para su registro el citado aval.
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