Los campesinos bolivianos desafían el estado de sitio impuesto por Bánzer con asaltos a cuarteles

Un capitán de Ejército boliviano y dos soldados murieron ayer durante un ataque campesino a su cuartel en la localidad de Achacachi, a menos de 100 kilómetros al oeste de La Paz, según confirmó el ministro de Información, Ronald MacLean. Estas bajas elevan a seis el número de muertos, mientras que el de heridos sobrepasa los 40, de los que 38 corresponden a los enfrentamientos con la Policía y el Ejército el sábado en la ciudad de Cochabamba. El Gobierno de Bolivia ha confirmado la detención de, al menos, 22 sindicalistas, en la peor revuelta que ha vivido el país en los últimos años.

La vigencia del estado de sitio -"independiente de sus justificaciones, un paso atrás en la democracia", según la Conferencia Episcopal de Bolivia-, decretado el sábado por el Gobierno del presidente Hugo Bánzer, no ha impedido que se mantengan los bloqueos campesinos en las carreteras del país ni que se prolongue la huelga general en la ciudad central de Cochabamba, que comenzó el pasado lunes para exigir a las autoridades la rescisión del contrato con una administradora privada del sistema de agua potable. El ministro MacLean, que citó informes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, dijo que el capitan, aún no identificado, fue asesinado a sangre fría. "Nosotros no vamos a sobrerreaccionar, sino que actuaremos con serenidad, pero con la mayor energía", dijo el ministro en declaraciones al término de una reunión del Gobierno en la casa presidencial del barrio de San Jorge, en La Paz.

Además de los tres militares muertos en el ataque al cuartel de Achacachi, falleció un joven costurero que salió a observar el suceso. Según informes de las emisoras de radio locales, al menos unos 3.000 campesinos intentaron tomar el cuartel. No hay noticias de más víctimas.

Otro campesino murió el sábado en choques similares en la localidad de Patacamaya, a unos 100 kilómetros de La Paz.

Mientras tanto, en la ciudad central de Cochabamba ayer reinó una tensa calma mientras se efectuaban los preparativos del entierro de un joven de 17 años, Víctor Hugo Daza, que murió el sábado a causa de un impacto de bala en la cabeza durante el fallido asalto al cuartel de la Séptima División de Ejército.

Soldados amigos

Las calles, avenidas y plazas de Cochabamba permanecen desiertas, pero con todo tipo de objetos para mantener los bloqueos e impedir el paso de vehículos. Las tropas militares también se han replegado.

El comandante de la Séptima División, general José Gil, afectado por los enfrentamientos de la víspera, declaró a la prensa que espera volver a sacar a sus tropas "para ayudar a limpiar las calles", y aseguró que el Ejército está con su pueblo "porque el soldado es un amigo".

El Gobierno ha dispuesto que una comisión de alto nivel, integrada por el vicepresidente Jorge Quiroga, varios ministros y parlamentarios, se traslade a esta ciudad, 380 kilómetros al este de La Paz, para buscar soluciones al conflicto del agua y para acabar "con el problema político de insurrección en Cochabamba", según informó el ministro MacLean.

MacLean anunció que la intención gubernamental es entablar un diálogo con todas las instituciones "legítimas y legales" de Cochabamba, pero marginó a la Coordinadora de Defensa del Agua -cuyos principales dirigentes se mantienen en la clandestinidad-, que es el único organismo que la población apoya y acata. El Ministerio del Interior confirmó ayer que, al menos, 22 sindicalistas se encuentran detenidos en diferentes partes del país.

Varias instituciones y personalidades de la ciudad se reunieron para elaborar un documento de conciliación que ponga fin al conflicto sobre la base de la rescisión del contrato con la administradora del sistema de agua potable y la conformación de una nueva sociedad con participación de la empresa privada local.

Esa salida podría estar cerca ya que el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Lupo, confirmó ayer que Aguas del Tunari, la compañía de la discordia, ha decidido abandonar el proyecto por el que se le adjudió el abastecimiento de agua de Cochabamba, informa Efe.

El Gobierno dijo ayer que la marcha del consorcio internacional, en el que la empresa española Abengoa participa con un 25%, es "mala imagen para el país".

El contrato adjudicado a Aguas de Tunari el pasado 3 de septiembre estaba destinado a dotar de agua potable y de riego a los valles centrales de Bolivia. La empresa pensaba invertir 214 millones de dólares y planteó una subida en la tarifa del 20 % para sufragar esa cantidad. Subida que ha provocado el estallido social.