Son insaciable

No era ni el momento ni el lugar. Tampoco era la primera vez. La política "sin complejos" del consejero Manuel Tarancón lo llevó en septiembre a inaugurar el curso en un centro privado de alto standing que acababa de concertar, a pesar de tener una gran deuda pendiente con la Seguridad Social. El jueves pasado, la misma ausencia de complejos, lo depositó directamente en el púlpito presidencial del congreso de una de las dos patronales de centros privados para anunciar que los dineros públicos asegurarán también su negocio en los tramos educativos no obligatorios: de momento, en la Educación Infantil; que asumirán, por tanto, sus deudas con el profesorado del sector, y, ya puestos, continuarán financiando el ideario y la confesión religiosa del empresario. Por los antecedentes que se conocen (en las Baleares, por ejemplo), con el concierto, la patronal continúa reiterando las mismas ilegalidades laborales: subcontratación, personas que trabajan en aulas diferentes a las que están concertadas... El consejero ha buscado el mejor escenario para obtener un aplauso automático que en ningún otro ámbito hubiera cosechado. A cambio, ha dejado muy claro con quién le interesa firmar su Pacto por la Calidad de la Educación. Ahora ya no es posible que la concertación de la Educación Infantil se presente ante la sociedad como el resultado de un acuerdo con todas (?) las partes que forman eso que llamamos la comunidad educativa. Se trata, sin más, de una consecuencia de la mayoría absoluta del PP. Que no jueguen, pues, a ser dialogantes, pactistas y amantes del consenso.Esta vez, el Gobierno ha ido mucho más lejos de donde nos ha llevado su particular aplicación de las grandes leyes educativas, la LODE y la LOGSE, cuyos mandamientos, en todo caso, reservan los conciertos con centros privados a la enseñanza obligatoria. Ciertamente, Tarancón ha echado mano de la tercera y última gran ley, la Lopegce, que si no establece nuevos conciertos para los tramos no obligatorios, sí los permite. Se trata, por tanto, de administrar las prioridades políticas (que amarga ironía, la derecha hace uso de una ley socialista que no votó y cuyo único apoyo cívico en el Consejo Escolar del Estado fue el de la patronal).

No era el momento. El Gobierno debería tener otras prioridades. La primera, atender debidamente la enseñanza obligatoria. Cada curso aumentan los barracones. Primero, no había mapa escolar, pero lo hicieron ellos. Después no podían gestionar tantos proyectos de construcción como habían dado a entender. Ahora dice el consejero que no encuentran mano de obra. Es curioso que el todo-va-tan-bien perjudique precisamente a la enseñanza pública. La diversidad que supone atender a todo el alumnado hasta los 16 años o se resuelve adecuadamente o se convertirá en una mina de espoleta retardada en la red pública. El profesorado necesita instrumentos y formación al respecto. Los centros públicos sufren desde 1995 una práctica congelación del presupuesto para atender sus gastos ordinarios. Respecto al año pasado, el módulo económico por unidad de Educación Primaria ha aumentado en el 2000 tan sólo en 1.455 pesetas, el de valenciano, 354, y el de Pedagogía Terapéutica ni una sola peseta. Las cosas no están mejor en Educación Infantil. Faltan 300 unidades, según el mapa escolar. Y adecuar una buena parte de las instalaciones donde se ubican estos pequeños escolares. Ni siquiera se ha iniciado aún con los sindicatos la negociación de las plantillas de Formación Profesional: se tendrá que hacer a partir de una buena y actualizada oferta de módulos y ciclos formativos en la red pública. La Educación Especial necesita muchos recursos. Los servicios psicopedagógicos trabajan con zonas tan grandes que no llegan en buenas condiciones a todo el alumnado que los necesita. El caudal de inmigración es importante en algunas comarcas del País Valenciano, necesita aulas y un buen planteamiento educativo intercultural.

Con todo, el consejero anunció tambien en casa de los empresarios que la planificación de la Educación Infantil de 0 a 3 años se hará con el mismo criterio de complementariedad, es decir, oferta pública y privada gratuitas. Una falacia más: la privada ya tiene la oferta, la pública sólo tiene 23 escuelas infantiles. En el contexto descrito, ¿Cuándo habrá una red pública para estas edades? ¿Cuando la privada atienda ya la demanda?

Con lo dicho hasta aquí hemos querido subrayar que la cuestión no es si subvenciones o conciertos para los centros privados. La cuestión es priorizar ahora las necesidades de la enseñanza pública para que todo su potencial de calidad se desarrolle: laicismo, innovación educativa, gestión democrática y bilingüismo. Porque nos tememos que, reducido el servicio público educativo a un hecho más de mercado, o es ahora o no será nunca. Las clases acomodadas siempre pueden esperar. Es más: deberían poder hacerlo cómodamente en un buen centro público. El mestizaje social también es deseable.

Vicent Esteve es maestro de enseñanza primaria y sindicalista del STEPV.