La Generalitat y el Gobierno se acusan de falta de vigilancia en los juzgados

La falta de vigilancia policial en los juzgados denunciada en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convirtió ayer en objeto de acusaciones cruzadas entre los gobiernos central y autonómico. Núria de Gispert, consejera de Justicia, acusó directamente a la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas, de ser la responsable de la falta de seguridad en los juzgados al haber retirado sin previo aviso la vigilancia policial.Un portavoz de la Delegación del Gobierno respondió de inmediato que las afirmaciones de la consejera eran falsas, que el aviso se había producido con antelación suficiente y que, además, los edificios judiciales pertenecen al Gobierno catalán y su protección es, por consiguiente, de su exclusiva incumbencia.

La Delegación del Gobierno resaltó que los edificios judiciales "son edificios públicos de la Generalitat" y añadió: "Tanto el Estatuto como la Ley de Policía de la Generalitat de 1994 señalan que la vigilancia de edificios públicos de la Generalitat corresponde a los Mossos d'Esquadra. Si se quieren habilitar otros métodos que no sean [la vigilancia de] los Mossos, es una cuestión suya". La custodia de edificios y el traslado de presos, afirmó el portavoz, suponen un gasto de 800 millones de pesetas que no asume la Generalitat. De Gispert aseguró que la protección policial había sido retirada tras un aviso que se produjo 48 horas antes y que la Delegación de Gobierno había aducido para ello una falta de efectivos y la necesidad de destinar a los disponibles a otros menesteres.

De Gispert explicó que la presencia de la policía en los edificios judiciales se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos tres o cuatro años. Para paliarlo, dijo la consejera, se ha recurrido temporalmente a guardias privados de seguridad.

La memoria señala: "Mayores problemas han surgido en 1999 en materia de seguridad de personas y edificios judiciales. Partidos judiciales como los de L'Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat y la nueva sede de los juzgados de familia de Barcelona han presentado serias reclamaciones por la falta absoluta de medios oficiales de protección".