18 concejales de Rentería acordaron pagar la fianza de una edil de EH presa

Dieciocho concejales del Ayuntamiento de Renteria (todos menos los dos del PP) han sido acusados de un presunto delito de malversación de fondos públicos por haber aprobado adelantar al grupo Euskal Herritarrok un millón de pesetas a cargo de su asignación presupuestaria para el pago de la fianza de Leire Pikabea, entonces edil de dicha formación y presa preventiva por su supuesta colaboración con ETA.El fiscal ha presentado una denuncia contra el alcalde, el socialista Miguel Buen Lacambra, y los concejales que acordaron el 29 de octubre adelantar la citada cantidad. El acuerdo contó con los votos a favor de ocho ediles del PSE, cinco de EH, dos del PNV y uno de IU y el rechazo de los dos concejales del PP.

Buen Lacambra dijo ayer que no había recibido la notificación del juzgado y expresó su extrañeza por la decisión de la Fiscalía de Guipúzcoa. Explicó que el dinero de la fianza se libró al grupo político EH con la propuesta "clara y rotunda de que se restara de las asignaciones a ese grupo político", por lo que elude cualquier acusación de malversación de fondos públicos. Para el regidor, la discusión será la utilidad que da EH al dinero, pero "el erario público no se va a ver quebrantado en absoluto, en ni una sola peseta", indicó. Buen considera que no se ha quebrantado ninguna ley con el acuerdo que adoptó la corporación.

El portavoz del PNV en el Ayuntamiento, Mikel Arretxe, fue más radical en sus declaraciones y dijo que "la sensación es que la fiscalía no tiene ni idea de la realidad social y política de este pueblo". Y se preguntó si la Fiscalía de Guipúzcoa "no tiene cosas más importantes que hacer que meterse con la decisión de un pleno de un Ayuntamiento".

El edil nacionalista tachó de "ridícula" la denuncia y dijo que "EH se comprometió a devolver de su salario la fianza en el caso de que ésta no fuese devuelta". El escaño de Pikabea está siendo ocupado por otra militante de EH.