Sólo el fiscal del 'caso PSV' se opone a que declaren todos los cooperativistas querellantes

La posible declaración de todos los cooperativistas querellantes en el juicio del caso PSV va ganando adeptos. Las acusaciones particulares suscribieron ayer la propuesta en ese sentido lanzada por las defensas el lunes, durante la primera jornada de la vista. El fiscal, sin embargo, se opuso a una declaración que, en principio, estaría dirigida a 6.507 personas, aunque fuentes judiciales reducen ese número al menos hasta la mitad. La última palabra la tiene el tribunal, presidido por Siro García, que hará pública su decisión el próximo día 17, fecha fijada para la próxima sesión.

Las respuestas de las distintas acusaciones a las cuestiones previas presentadas por las defensas ocuparon la segunda jornada del juicio del caso PSV (el fracaso, en 1994, del mayor proyecto de vivienda social en España, impulsado por el sindicato UGT y por el que están procesados Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Sebastián Reyna, Primitivo Álvaro y Jesús Aína).En concreto, el debate central giró en torno a la petición de las defensas de que todos los cooperativistas querellantes -6.507 al inicio del proceso, aunque ahora ese número puede rondar los 3.000, según las fuentes consultadas- pasen por el tribunal como testigos.

El fiscal, Vicente González Mota, se opuso a esta declaración masiva. En su opinión, el derecho a pedir pruebas no es ilimitado y debe circunscribirse a la finalidad de demostrar la inocencia o la culpabilidad de los acusados. Algo que, según su interpretación, no se logra con el tipo de declaración propuesto por las defensas.

González Mota, encuadrado en la Fiscalía Anticorrupción, es partidario de una fórmula más próxima a la que la juez Teresa Palacios propuso en el auto de apertura de juicio oral. Consistía en que cada acusación podía presentar como testigo a un cooperativista.

Las defensas particulares apoyaron la declaración de todos los cooperativistas, aunque coincidieron en que detrás de la propuesta de las defensas "hay una maniobra de dilación".

Joaquín Ruiz Giménez, el letrado de la acusación más numerosa -la de los afectados de la promoción madrileña de Valdebernardo, unos 2.800-, ejemplificó a la perfección el sentir de las acusaciones en este asunto. Así, tras felicitar a las defensas por la iniciativa y apoyarla, puso un pero: "Persiguen renuncias por cansancio, monotonía y comodidad de los cooperativistas".

Francisco Méndez Goas y Félix Gómez Pintado, los letrados de los otros grupos más numerosos de afectados, utilizaron pronunciamientos similares.

Entre las restantes argumentaciones de las acusaciones destacó la de Antoni Pascual, abogado de los cooperativistas de una promoción de Badalona (Barcelona). Pascual pidió que declaren más cooperativistas de los previstos en el auto de apertura del juicio oral, pero con una cierta ponderación y proporcionalidad.

La respuesta a este debate está en manos del tribunal, que hará pública su decisión el próximo día 17, cuando se reinicie el juicio.

Pisos y responsabilidad penal

El fiscal y las acusaciones coincidieron en oponerse al resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que pedían la nulidad del proceso.

En su sólida intervención, González Mota atacó uno de los argumentos de fondo de las defensas, consistente en que, como las viviendas se han entregado o los cooperativistas que renunciaron a ellas han recibido sus indemnizaciones el caso se ha desinflado.

El fiscal defendió que la entrega de pisos no elimina la responsabilidad penal de los imputados en el asunto. Otra cosa es la responsabilidad civil subsidiaria. En estos momentos está cifrada en 18.587 millones de pesetas y se exige a la UGT, promotora inicial de la PSV. No obstante, González Mota sugirió a lo largo de su exposición que esa responsabilidad civil subsidiaria puede ser menor al final del proceso.

Los abogados de la acusación -tomaron la palabra once, aunque hay 27 acusaciones particulares distintas- mantuvieron un hilo argumental similar, es decir, que la responsabilidad penal no se diluye por que los cooperativistas tengan sus pisos.

Es más, algunos recordaron a las defensas -especialmente a la del principal acusado, Sotos- que "entre los cooperativistas no hay una sensación de que todo está pasado porque tienen sus viviendas".

"Algunos", recordó el exdefensor del pueblo Joaquín Ruiz Giménez, "incluso nos han mandado un requerimiento notarial para que no hiciéramos un hipotético pacto con los acusados".

Los letrados de las acusaciones también rechazaron, algunos con especial contundencia, otra de las cuestiones previas esgrimidas por las defensas: la nulidad de su representación por no contar con la ratificación de los querellantes.

Los abogados afectados por esta cuestión previa -15, de acuerdo con los datos aportados por las defensas- argumentaron que sus clientes les confirieron poderes desde el principio del proceso y que no necesitan ser ratificados.