La CRUE acusa al Consell de impedir la autonomía de la Universidad de Valencia

La Asamblea General de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), celebrada en Sevilla, aseguró ayer que "la actitud del Gobierno valenciano impide el ejercicio del derecho fundamental a la autonomía universitaria reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución española", tras haber sido informada por el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, del "conflicto creado por el gobierno autónomo valenciano en relación con la reforma de estatutos aprobada por el claustro de la Universidad de Valencia". El conflicto, menciona la CRUE en un comunicado en el que "respalda las acciones legales" emprendidas por la Universidad para que entre en vigor la reforma de sus estatutos, "sienta un grave precedente de incumplimiento de un derecho reconocido a las universidades en nuestro ordenamiento jurídico". Según recoge literalmente el artículo 12.1 de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), recuerda la CRUE, las universidades "elaborararán sus efstatutos y, si se ajustan a lo establecido en la presente ley, serán aprobados por el consejo de Gobierno de la comunidad autonóma correspondiente". Es decir, los rectores españoles, subrayan que los gobiernos autonómicos no tienen potestad para intervenir en el contenido de los estatutos universitarios si éstos, como sostienen los propios servicios jurídicos de la consejería, se ajustan a la LRU.

El asunto se remonta a noviembre de 1997, cuando el claustro aprobó una reforma de estatutos adecuada a las directrices del proyecto elaborado por el equipo rectoral de Ruiz de transformación y modernización académico-administrativa en que se encuentra inmersa la Universidad de Valencia. Dos meses después, en enero de 1998, el texto fue remitido a la consejería, para ser sometido a la revisión de los servicios jurídicos, y al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que dieron su visto bueno, bajo la dirección entonces de la directora general de Universidades y hoy diputada autonómica del PP, Carmen Martorell.

La CRUE subraya que "todas las observaciones hechas en el proceso fuero atendidas e incorporadas al nuevo texto. En el segundo de sus informes, el Consejo Jurídico Consultivo dio en febrero de 1999 el visto bueno definitivo al texto". En la actualidad, agotado el trámite previsto, sin que se haya formulado objeción alguna, y ante el silencio de la Administración, la CRUE respalda las acciones legales emprendida por la Universidad contra "el silencio del Consell".