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La negativa del interventor a jubilarse movió a Villalobos a quitarle cargos

La alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, decidió restar competencias al interventor municipal y aguantar contra viento y marea el chaparrón de críticas que se le venía encima tras conocer que el funcionario había pedido una prórroga en su jubilación, prevista para julio. El gobierno local, del PP, que aún no se ha pronunciado sobre la solicitud, está obligado a concederla por una modificación de la Ley de la Función Pública aprobada, curiosamente, por el Ejecutivo de José María Aznar en diciembre de 1996.

La petición de prórroga de Carlos Claros fue la gota que colmó el vaso de varios meses de abiertas discrepancias entre el interventor y el gobierno, del PP. Especialmente con el concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, independiente y ex presidente del Colegio de Economistas, que se ha destacado por su insistencia en incorporar a la organización y gestión del Ayuntamiento los modelos de la empresa privada. Bajo este prisma justifica el PP la decisión de restar al área de intervención el control sobre la contabilidad del consistorio. Fuentes del gobierno local rechazan que la medida, duramente criticada por la oposición y cuya legalidad ha puesto en duda un informe del propio secretario general del Ayuntamiento, tenga, por tanto, que ver con un intento de "oscurecer" la gestión pública. Estas fuentes indican que se trata de un problema de operatividad y censuran abiertamente las actuales normas de contabilidad, la excesiva burocratización del área y la ralentización del control de la ejecución presupuestaria.

El PP, a pesar de este descontento, decidió no intervenir por la proximidad de la jubilación de este funcionario. Pero los plazos que se fueron al traste en cuanto solicitó la prórroga en su servicio, a la que tiene derecho por un plazo máximo de cinco años. Una persona próxima a la alcaldía lo resumía de forma contundente: "Denegarle la prórroga lo ganaba en los tribunales, retirar la contabilidad a intervención, manteniendo la fiscalización que le otorga la ley, estamos convencidos de que es legal". En estos términos Villalobos decidió tirar hacia adelante con la iniciativa, a pesar de las fuertes críticas.

En esta decisión del gobierno del PP ha influido también una propuesta del interventor municipal para asumir también fiscalización de las sociedades municipales, competencia que hasta ahora no había asumido. La iniciativa fue acogida con bastante recelo por el PP, que no la ha cursado.

Las discrepancias de Aguilar con el interventor mantiene además vacante la jefatura del área de contabilidad. Los intentos del edil por colocar a un funcionario de más confianza tras la marcha de su titular no han contado con el visto bueno del interventor, lo que tiene bloqueada la designación. Carlos Claros, además, ha emitido informes contra decisiones del gobierno, el más polémico tuvo que ver con la operación de compra de las acciones privadas de la empresa que gestiona el cementerio, cuyo coste el interventor rebajó en 500 millones.

Aguilar, por el contrario, ha achacado al interventor errores en la liquidación del pasado ejercicio que ha justificado con informes realizados por la Sección de Estudios, parcela de su departamento que controla directamente y a la que pretende dar el control contable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de abril de 2000

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