El Tribunal Supremo ratifica el topónimo de Vall d'Uixó y deja claro que la competencia es del Consell

El Tribunal Supremo ha determinado finalmente que el nombre oficial de La Vall d'Uixó permanezca tal y como se acordó a finales de la década de los 80 por parte del Consistorio y de la Generalitat Valenciana. La adecuación del nombre se produjo al traducirlo del castellano Vall de Uxó al valenciano en el año 1987 cuando gobernaba el comunista Vicent Zaragoza. Esta decisión fue refrendada entonces por la Generalitat, pese a la oposición de una serie de concejales y un sector de la población que rechazaban la normalización lingüística y defendían el topónimo Vall d'Uxó. Los opositores a la actual denominación oficial presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que fue estimado y admitido, al entender que no se trataba de un simple cambio lingüístico, sino de un cambio real de nombre, por lo que la Generalitat no tenía la competencia. Según los recurrentes, la competencia en esta materia era del Estado, que siguiendo el criterio de la Real Academia de Historia, debía pronunciarse sobre la cuestión. La decisión del TSJ fue recurrida por la Generalitat. Ahora, años después, el Supremo, señala que el nombre correcto es La Vall d'Uixó, afirmando la sentencia que "es un hecho evidente que las variaciones introducidas son mínimas, puramente ortográficas, sin que pueda apreciarse una alteración sustancial del topónimo tradicional". Además el Supremo también dice que aunque hubiera un cambio sustancial en la denominación, no dejarían de ser aplicables las normas autonómicas. El alcalde de Vall d'Uixó, el popular Vicent Aparici, afirmó ayer que " todo el mundo debe acatar la sentencia del Supremo". El Supremo también tiene pendiente de resolver el recurso presentado en 1998 por el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón que reclama el topónimo de Castelló de la Ribera, informa Xavier España. La denominación actual se reinstauró tras resolver el TSJ que se debía recuperar el citado topónimo, defendido por un grupo de vecinos, en vez del aprobado por la Corporación local de Castelló de La Ribera. La decisión del TSJ, se produjo tras la retirada del Consell del litigio judicial y la sustitución del topónimo de Castelló de la Ribera, que había sido aprobado por la Generalitat en 1993.