La antiguaguerrilla de Guatemala se desmarca de la denuncia de Menchú
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), guerrilla durante los 36 años de guerra interna y hoy grupo parlamentario, apuesta por el fortalecimiento de las instituciones nacionales, entre ellas los tribunales, para hacer justicia y conseguir la reconciliación nacional. La URNG, principal enemigo del Ejército en los años de un enfrentamiento salvaje, no niega el derecho de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, a acudir a la Audiencia Nacional española para juzgar a ocho ex generales o funcionarios guatemaltecos con cargos de genocidio, torturas o detención ilegal, pero su estrategia es otra.
"No trabajé seis años en los Acuerdos de Paz para andar ahora exaltando ánimos", declara a este periódico Ricardo Rosales Román, de 66 años, uno de los tres comandantes guerrilleros que estampó su firma en los acuerdos de 1996, la conclusión de un conflicto que se cobró 150.000 vidas y 50.000 desaparecidos. Su principal interés no es querellarse contra el Ejército, policía y paramilitares, a quienes se atribuye el 93% de las bárbaras violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, sino empujar desde el Congreso los cambios necesarios para construir en Guatemala una auténtica democracia. La URNG ocupa nueve de los 116 escaños del Parlamento.Ricardo Rosales, en la clandestinidad o en la selva desde 1951, es jefe del grupo parlamentario de la ex guerrilla, responsable del 7% restante en la relación de atrocidades, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, organismo sin propósitos o efectos judiciales creado por los negociadores de los Acuerdos de Paz. Trabaja a futuro, diseñando el andamiaje de la nueva legalidad.
De momento, el grueso de los objetivos establecidos en los Acuerdos de Paz, entre ellos el fortalecimiento del poder civil, la función del Ejército en una sociedad democrática, los aspectos socioeconómicos o la reforma agraria no se ha cumplido a cabalidad. Tampoco se ha hecho justicia en los términos deseados por los familiares de las víctimas, y sólo en el caso Xaman, la aldea donde una patrulla militar asesinó a 11 campesinos indígenas, se entabló juicio contra los responsables, a quienes sólo les faltó fumarse un puro durante la vista.
Pero no por ello la exguerrilla insta de nuevo al alzamiento, porque el registrado durante casi cuarenta años cubrió de cruces Guatemala y aún se padecen sus consecuencias. El guatemalteco pobre durante la insurrección sigue igual de pobre en democracia. "¿Vamos a seguir con la confrontación?", se pregunta Rosales. "Si nos vamos a meter a disputas intrapartidarias, a resentimientos políticos, en lugar de ayudarnos a construir la paz, va a afectar a la paz; en lugar de construir esta reconciliación nacional, lo que nos va a hacer es tener un país más dividido". El portavoz de la URNG no pretende ni el olvido, ni la impunidad, ni una vuelta a los machetazos.
El 18 de diciembre de 1996, el Congreso promulgó una ley de amnistía, la Ley de Reconciliación Nacional, que dispuso la extinción de la responsabilidad penal de los responsables de delitos de motivación política y delitos comunes anexos. También facilitó la inmunidad procesal a los miembros de las Fuerzas Armadas y personas bajo su mando por los delitos cometidos en el enfrentamiento armado. La ley, fundamentada en el Acuerdo sobre Bases para la Reincorporación de la URNG a la Legalidad, entra en colisión con los compromisos de actuar con firmeza contra la impunidad adquiridos en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. La exención de responsabilidad penal no se aplicará en casos de desaparición forzosa, tortura y genocidio, conceptos invocados por Rigoberta Menchú en la denuncia admitida a trámite por el juez Guillermo Ruiz Polanco. "Pero la concesión de la amnistía no es automática. Debe haber procesos", subraya Estela López, abogada de la premio Nobel de la Paz de 1992. Los acuerdos del 29 de diciembre de 1996 establecieron un calendario para su cumplimiento que termina este año. El sensible retraso en la consecución de las metas ha obligado a una nueva reprogramación.
La exguerrilla insiste en que Guatemala ha cambiado a mejor. "¿Cree que hace diez años hubiera podido yo recibirle a usted aquí?", declara Rosales en su despacho del Parlamento. "Cierto es que no se ha avanzado en el cumplimiento de los acuerdos de paz, faltó voluntad política, y luchamos para que se cumplan. Nuestra misión es a medio y largo plazo. Queremos crear una cultura de la paz, reconciliar a la familia guatemalteca sin olvidar el pasado". El comandante se refiere con prudencia a la iniciativa de Rigoberta Menchú en España. "Nosotros no tenemos que asumir una posición de apoyo o rechazo. Lo que hacemos es ratificar nuestra posición sobre lo que convinimos en los Acuerdos de Paz". El Estado también lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en los cuarteles el criterio es otro, pese a los esfuerzos de sus actuales jefes por presentar una cara moderna y adaptada a los tiempos.
