El fiscal de la Audiencia Nacional pide que se archive la denuncia de Menchú

El fiscal de la Audiencia Nacional recurrió ayer el auto por el que un juez de este tribunal admitió el lunes la querella de Rigoberta Menchú contra ocho dirigentes de las dictaduras guatemaltecas. En su recurso, el fiscal asegura que el asunto no es competencia de este tribunal, que Guatemala ha probado su voluntad de "resolver los horrores de su pasado" y que los actos denunciados pueden estar sometidos al derecho de guerra, ya que fueron cometidos durante la contienda civil. Por ello, pide que el caso sea archivado.

Hay muchas cosas que diferencian el caso de Guatemala de los que la justicia española ha emprendido también contra los ex responsables de las dictaduras de Chile y de Argentina. Y una es, precisamente, que el pequeño país centroamericano estaba en guerra civil durante los hechos denunciados, entre 1962 y 1996. El auto del juez número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, "no distingue los hechos producidos en una irrefutable guerra civil a los hechos que imputa a los denunciados", afirma el fiscal en su escrito. Y eso es importante porque los primeros "son impunes al estar sometidos al principio ius in bello ".La invocación del derecho de guerra causaba ayer "rubor" a la parte acusadora. "Si se aplicara ese principio jamás se habría condenado a los nazis que actuaron durante la II Guerra Mundial. Pero eso ya se resolvió en Núremberg. Es increíble que se vuelva a invocar el derecho de guerra para justificar las atrocidades", afirmaba ayer Antonio García, abogado de Comisiones Obreras, personado en la acusación, y de la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú.

"Principio de cosa juzgada"

El fiscal alega en su recurso el "principio de cosa juzgada", y argumenta para ello los acuerdos de paz firmados en 1996 entre los dos enemigos de guerra: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, antigua guerrilla) y el entonces presidente, Álvaro Arzú. Como consecuencia de esos acuerdos, se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que iba a "determinar las responsabilidades sobre la violencia institucional", y se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional. Por ello, el fiscal cree que esto "confirma la voluntad de Guatemala de resolver los horrores de su pasado". "No hace falta desenterrar la vieja fórmula de Fiat justitia et pereat mundus ", continúa el fiscal.

En este punto, la parte acusadora asegura que el principio de cosa juzgada sólo es posible cuando hay "una resolución firme". "Confundir unos acuerdos de paz con una resolución firme es sonrojante", afirma el abogado.

El asalto a la Embajada de España en Guatemala, que el 31 de enero de 1980 provocó la muerte de 37 personas, entre ellas dos españoles, está ampliamente documentado en la querella de Rigoberta Menchú y es también objeto de recurso por parte del fiscal. Éste afirma: "Nuestro ordenamiento jurídico no regula a las embajadas como territorio español en el extranjero; en cambio, sí lo hace respecto a buques o aeronaves españolas". En este capítulo, además, el fiscal considera que las "diferencias" desatadas entre España y Guatemala, que rompieron relaciones diplomáticas tras el asalto, quedaron "resueltas mediante el llamado Comunicado Conjunto ".

Por todo ello, el fiscal mantiene "la falta de competencia para la instrucción y enjuiciamiento" de los delitos denunciados y pide al juez que revoque su auto del lunes, que dicte otro en el que se declare "la falta de jurisdicción" y que se archiven las actuaciones.

"Este recurso es temerario porque tiene mala fe procesal", aseguró ayer a este periódico el abogado de Menchú. "No está fundado, no aporta ningún hecho nuevo, ningún argumento sólido y creemos que hay mala fe procesal". Una vez transmitido a las partes, y después de que el juez lo haya desestimado, como es previsible, el recurso del fiscal será debatido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su marcha judicial no paraliza la investigación iniciada por el juez Ruiz Polanco, que el lunes dio un plazo de 10 días a las partes para proponer las "diligencias de pruebas que estimen convenientes".