"Hay una descomposición total en la justicia de Guatemala"

"Hay una descomposición total de la justicia en Guatemala", afirma Julio Eduardo Arango Escobar, de 60 años, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, un abogado independiente elegido para el cargo estatal por el Congreso. Su oficina fiscaliza el funcionamiento de la Administración pública y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Arango estudió en la Universidad de San Carlos, amplió su formación penal y obtuvo el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido juez, magistrado y fiscal para casos especiales. "Tenemos buenas leyes, buenos códigos y un excelente Código Procesal Penal, pero no se aplican", declara en una entrevista con EL PAÍS. No milita en ningún partido político y, por mandato constitucional, se ocupa también de la defensa de la población en todos sus aspectos. Puede iniciar acciones, querellas y plantear recursos cuando observa violaciones a la Constitución. Arango, que aboga por reconstruir el Estado de derecho en Guatemala, secunda las actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco contra ocho generales retirados, entre ellos el actual presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, líder del partido en el Gobierno.

Pregunta. ¿Qué opinión le merece la admisión a trámite en España de la querella interpuesta por Rigoberta Menchú?

Respuesta. La apoyo. Creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos nos dan un principio universal, y que el viejo y obsoleto concepto de la soberanía nacional ya no tiene efecto en lo que corresponde a los derechos humanos. Una persona puede ser juzgada en cualquier país si violenta los derechos humanos de un connacional.

P. No piensan así otros juristas guatemaltecos, que invocan la vigencia de los tribunales nacionales.

R. Sí. Es por interés o porque a veces no se entiende que hay todo un cambio en lo que es el concepto de soberanía.

P. ¿Por qué no actúa la justicia de Guatemala contra los implicados en las barbaridades cometidas durante el conflicto que terminó en 1996?

R. La justicia no funciona aquí desde hace años. Y si no funciona para otros casos de menor importancia, mucho menos para los que tienen trascendencia o han tenido un impacto mundial.

P. ¿Por qué, entonces, no se ha reformado el sistema judicial?

R. Todo esto es cosa de hombres, es cosa de conciencia, de vocación de justicia. Pasará mucho tiempo para lograrlo.

P. ¿La ausencia de procesos demuestra que el Ejército tiene mucha fuerza y la justicia, poca?

R. Hay una descomposición total en la justicia. La misma descomposición que se dio en todos los órdenes y las instituciones es lo que ha afectado a la justicia. Es cosa de hombres porque tenemos buenas leyes, buenos códigos, tenemos un excelente Código Procesal Penal, pero no se aplican.

P. ¿Puede la intervención del juez de la Audiencia Nacional poner en peligro la frágil transición guatemalteca?

R. No, yo creo que la puede fortalecer. Hay que recobrar la memoria histórica.

P. Muchos sospechan que la querella no prosperará y sólo servirá para reabrir las heridas de la guerra civil.

R. No. Se trata de un asunto de justicia internacional, universal, sin fronteras, salvo que razones políticas pueden obstaculizar que se haga justicia.

P. No parece que la población haya reaccionado muy entusiasmada a la decisión del juez español.

R. Lo que sucede es que todavía somos un pueblo atemorizado, un pueblo que no tiene información concienzuda de los hechos. Y además, nuestra educación. Cuando estas cosas suceden no se está en condiciones de defenderse como corresponde.

P. ¿Cómo valora la reacción del Gobierno?

R. Pues eso hace falta verlo, pues hasta ahora todo se está iniciando, según los informes que tenemos. Ya nos tocará observar.

P. ¿Pide que se suprima la inmunidad parlamentaria de Ríos Montt?

R. Eso correspondería a la Corte Suprema de Justicia. Pero la inmunidad en un nivel internacional no existe.

P. ¿Tienen libertad de actuación el procurador general de la República [fiscal] y la Corte Suprema?

R. Lo que menos se tiene aquí es una independencia judicial.

P. ¿Tienen algo que ver los incumplimientos de los acuerdos de paz de 1996 en cuanto a la reestructuración del Estado y de las Fuerzas Armadas, la reconciliación nacional y los derechos humanos?

R. Efectivamente, no se están cumpliendo. Hay un gran atraso en eso. Esto se perdió. En este momento está empezando la recandelarización [fijación de nuevos plazos] para el cumplimiento. No se cumplió ni el 5%.

P. ¿Y eso?

R. No tenemos Estado de derecho. Tenemos un Estado formal de derecho. No tenemos una democracia construida y constituida. No tenemos sociedad civil. La sociedad civil está atemorizada. La sociedad civil no son los habitantes de un territorio determinado, sino un proceso histórico. Nos hace falta bastante, y bastante presencia para combatir la impunidad, reconstruir el Estado de derecho.

P. Los acuerdos de paz establecieron la promulgación de una ley de amnistía para militares y guerrilleros.

R. Las amnistías no existen en la Constitución política, que considera que estamos viviendo en un Estado republicano y democrático. No caben amnistías, ni indultos, ni rebajas de pena. Ningún Gobierno puede decretar amnistías.

P. Pero, de hecho, existe una ley de amnistía.

R. Pero cuando son delitos de lesa humanidad no cuenta.

P. ¿Ha habido en Guatemala algún procesamiento contra militares?

R. No. Sólo en el caso de la matanza de Xaman, e incluso fue un juicio totalmente violentado.

P. ¿Los ocho generales inculpados tienen fuerza como para desestabilizar o promover acciones a su favor en los cuarteles?

R. No. Se está viviendo otra época. Se está empezando a caminar. Para que ellos se puedan sentir orgullosos de un uniforme tienen que ir antes a la justicia.

P. ¿Colaborará con las diligencias del juez Ruiz Polanco?

R. Los hijos del doctor Alberto Fuentes Mohr -ex ministro de Asuntos Exteriores asesinado durante el Gobierno del general Romeo Lucas (1978-1982)- me han pedido que los represente personalmente en la Audiencia Nacional de España.