Vizcaya se niega a retirar los incentivos fiscales a la inversión por los "incumplimientos" del Estado

Tras la paz fiscal volvió la guerra. Resuelto el punto más conflictivo del conflicto fiscal entre las administraciones central y vascas, la cuestión prejudicial (consulta planteada por el Tribunal Superior ante el Tribunal de la Comunidades Europeas sobre las vacaciones fiscales), Vizcaya ha optado por suspender el acuerdo fiscal alcanzado el pasado 18 de enero y mantener vigentes los incentivos fiscales que se comprometió a retirar. La Diputación alega que la nueva situación es fruto de los "incumplimientos" de la Hacienda del Estado.

"Queda claro que la Diputación ha cumplido todos los compromisos adquiridos, lo cual no ha hecho la otra parte", afirmó tajante el diputado vizcaíno de Hacienda, Javier Urizarbarrena, al presentar la decisión del Consejo de Gobierno vizcaíno. Sólo han transcurrido dos meses y 10 días desde que las tres diputaciones y el Estado firmasen la paz fiscal, que suponía la retirada de las demandas judiciales interpuestas por cada parte, incluida la cuestión prejudicial, y la retirada por de las haciendas vascas de los más polémicos incentivos fiscales que habían desencadenado todo el conflicto: las minivacaciones -reducción del Impuesto de Sociedades para las empresas de nueva creación del 99%, 75%, 50% y 25% durante los primeros cuatro años- y el crédito fiscal del 45% para las inversiones superiores a los 2.500 millones de pesetas. La actual suspensión del acuerdo sólo afecta a Vizcaya, ya que las otras dos haciendas se mantienen fieles al pacto.El acuerdo, que ponía fin a 13 años de conflictos en materia tributaria y suponía la retirada de un centenar de recursos judiciales de ambas partes, empezó a cuestionarse este mes debido a la aprobación por la Diputación vizcaína de créditos fiscales del 45% a 19 empresas mientras se negociaba el pacto. El valor de la inversión total de estos proyectos, entre los que se incluían Bahía Bizkaia Gas, Bahía Bizkaia Electricidad, Euskaltel, Petronor o Editorial Iparraguirre ascendía a 360.000 millones. De acuerdo con el Gobierno central, esta medida suponía una vulneración del pacto, por lo que exigió a Vizcaya su inmediato suspensión. La Diputación vizcaína replicó que las normas estaban todavía en vigor cuando se aprobaron dichas ayudas y que su obligación era cumplir la legalidad, ya que de lo contrario se caería en prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

"Decisión difícil"

La Diputación vizcaína, que había aprobado ya la derogación de las exenciones fiscales en su Consejo de Gobierno y estaba en los últimos pasos de la tramitación para su aprobación definitiva por las Juntas Generales, decidió ayer por sorpresa retirar la norma que iba a suprimir estos privilegios fiscales en la reunión semanal del Ejecutivo foral. Tras calificarla de "decisión difícil", Urizarbarrena reiteró que los 19 expedientes de la polémica se presentaron entre octubre y diciembre, "con anterioridad al acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo del 18 de enero".

El titular de Hacienda acusó a la Administración central de ser la incumplidora del acuerdo. Dijo que Vizcaya ha retirado sus recursos ante el Tribunal Supremo y aprobado en Consejo de Gobierno la derogación de las normativas conflictivas. "Pero el abogado del Estado, el propio 18 de enero, presentó un recurso contra una normativa vasca ante el Tribunal Supremo y otros dos recursos más el 23 de marzo", adujo. Urizarbarrena añadió que a la Diputación vizcaína "sólo" le consta la retirada por el Estado de las demandas referidas a las vacaciones fiscales de 1993 y 1994, que motivaron la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, un caso ya archivado.

La Hacienda de Vizcaya tomó ayer esta decisión tras recibir un carta de la Administración central en la que se anunciaba la suspensión de la retirada de los recursos si Vizcaya no paralizaba las últimas concesiones de créditos fiscales.

"Aquí, por parte del Estado, se han tomado decisiones en orden a mantener el mismo estatus de negociación y persistiendo en la desconfianza ante la otra parte. Ahora nosotros hacemos lo mismo, puesto que si hubiera continuado el trámite con la aprobación en las Juntas Generales quedaríamos en situación de inferioridad", detalló Urizarbarrena.

El diputado, quien reveló que su departamento no tiene registrado ahora ningún expediente para acogerse a estas exenciones, abrió la puerta a la reconducción de la situación: "La Diputación sigue dispuesta a cumplir su parte y volvería a tramitar la norma foral si la Administración del Estado retira sus recursos". Sin embargo, recordó que los incentivos siguen vigentes y "podrían entrar nuevas solicitudes. Si se aceptara algún expediente, habría que tramitarlo y concederle o denegarle las ventajas fiscales que establece la normativa".

Urizarbarrena señaló que la polémica se ha intentado reconducir a través de contactos del Gobierno vasco con el central, "pero ha sido imposible". Sin embargo, consideró que la situación en que quedan los conflictos fiscales entre ambas administraciones "es mejor" que antes del acuerdo de enero. "Al retirar la cuestión prejudicial en Luxemburgo, es un problema interno y no hay derivación hacia la UE", apostilló.