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La Guardia Civil descubre falsedad y falsificaciones en los cursos de Pallerols

La Guardia Civil ha emitido un informe al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona en el que expone que después de haber tomado declaración a 56 alumnos de cursos de las academias de Fidel Pallerols en Girona, 50 personas declarararon que los cursillos documentados ante Trabajo son falsos o que las firmas que se les atribuyen en los mismos y que dan fe de su asistencia a los cursos no son suyas y han sido falsificadas. Pallerols está siendo investigado por presunto fraude con las subvenciones y en su contabilidad aparecen pagos a Unió y sus dirigentes.

El informe que la Guardia Civil de Girona ha remitido al juez Josep Niubó, que instruye una causa penal por fraude en las subvenciones públicas contra Fidel Pallerols, da por probada la falsedad de algunos cursos que las academias del empresario andorrano documentaron para cobrar las subvenciones que controlaba el Departamento de Trabajo. En una ampliación de diligencias, la Guardia Civil expone que ha tomado declaración a 56 alumnos, elegidos al azar, del centro CEIF, propiedad de Fidel Pallerols. El resultado de la pesquisa es que 50 alumnos declararon a la Guardia Civil que algunos cursillos son falsos y que en las "listas de asistencia" que sirven para justificar los cursos se les atribuyen firmas que no son suyas y, en consecuencia, fueron falsificadas. En total, 63 alumnos de CEIF en Girona fueron interrogados por la Guardia Civil en relación con los cursos que estaban oficialmente consignados como Técnicas de Ofimática Básica y Secretariado.En algunos casos los alumnos afirman que no se matricularon en los cursos de los centros de Pallerols. Otros alumnos aseguran que en las fechas relacionadas se encontraban trabajando en empresas y no asistieron a los cursos. Sin embargo, tiempo atrás lo habían hecho en otros cursos de los centros investigados y sus firmas se habían vuelto a utilizar. Otros alumnos simplemente abandonaron los cursos, pero sus firmas se continuaban repitiendo en los listados. Cabe recordar que la Administración exige un mínimo de alumnos por curso para poder cobrar la subvención.

El caso Pallerols comenzó con la denuncia de dos profesores de los centros de Pallerols en Girona que aparecían registrados como alumnos en academias de Tarragona.PASA A LA PÁGINA 7

Pujol deberá contestar en el Parlament sobre la presunta financiación de Pallerols a Unió

VIENE DE LA PÁGINA 1 El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, deberá responder mañana en el Parlament a una pregunta del grupo de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) sobre la presunta desviación de fondos públicos de formación ocupacional hacia UDC.

Iniciativa instará a Pujol a dar su opinión sobre "la presunta irregularidad en la financiación de Unió con dinero procedente de los fondos de ocupación", según detallan las tres preguntas que el portavoz del grupo, Joan Boada, ha presentado para que el presidente de la Generalitat elija una.

Cuando trascendieron hace dos semanas las primeras informaciones periodísticas sobre el posible desvío de una parte de estas subvenciones a las arcas de Unió, el líder de CiU expresó su "plena confianza" en la dirección del partido que encabeza Josep Antoni Duran Lleida.

En los últimos días, Ignasi Farreres, ex consejero de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de UDC, aseguró que tras el caso Pallerols había una "maniobra política" para desgastar a Unió. El secretario general de CDC, Pere Esteve, negó que CDC utilizara el caso para desgastar a Unió.

El informe apunta que sólo en 6 de los 56 casos pudo comprobarse la veracidad de los cursos. La Guardia Civil concluye que hubo falsedad en cuanto a éstos y falsificación de firmas en las hojas de asistencia con las que se justifican. La formación ocupacional costó el año pasado en Cataluña 23.840 millones de pesetas, de los que el 45% proviene del Fondo Social Europeo (FSE).

De la actuación se presume un posible delito de fraude al Fondo Social Europeo y otro de falsedad en documentos oficiales y mercantiles. Las diligencias judiciales consideran implicadas en estos delitos a seis personas. En primer lugar, el propietario de los centros, Fidel Pallerols Montoya; el responsable informático del Departamento de Trabajo, Jaume Pallerols Casas (que no guarda relación de parentesco con el primero); Juan Carlos Roda Martínez, Enrique Bautista Castillo, Susana Torrent Oriol y Esther Masaneda Comas. Estos cuatro implicados tienen relación laboral con los centros de Pallerols: CEIF, AND y TEO.

Los favores de Trabajo

Jaume Pallerols fue, de acuerdo con los informes internos del Departamento de Trabajo, la persona que pudo facilitar que empleados de Fidel Pallerols accedieran a los ordenadores de este departamento para modificar los documentos justificantes de la aplicación de las subvenciones. Dicha entrada irregular de firmas y documentos ocurrió un día festivo, concretamente el día de Sant Jordi del año 1997. Esta investigación coincide con declaraciones anteriores efectuadas por otros alumnos de los centros de Pallerols en Tarragona. Uno de estos alumnos (B. M. S.) declaró, en enero de 1999 ante el juzgado número 10 de Tarragona, que fue engañado e invitado a firmar en la casilla de otra persona.

La policía andorrana se incautó de la contabilidad de las empresas de Pallerols, que tienen sus oficinas centrales en el Principado de Andorra. En esa contabilidad figuran anotados supuestos pagos a Unió Democràtica (UDC) y a varios de sus militantes, así como entregas en especie a dirigentes y a funcionarios de Trabajo.

Trabajo continuó otorgando ayudas para la formación de parados a los centros de Pallerols (CEIF, AND y TEO) por 250 millones de pesetas en 1999. Estas subvenciones, aprobadas después de que las irregularidades de Pallerols fueran objeto de investigación judicial, fueron firmadas personalmente por el ex consejero Ignasi Farreres el 11 de junio de 1999.

En ese momento, las academias de Pallerols estaban desmanteladas, con la excepción de su centro de Barcelona. Para entonces, Trabajo había revocado 62 millones de las ayudas recibidas en 1998 -según afirmó Farreres en el Parlament-; sin embargo, y hasta la fecha, Pallerols no ha reintegrado las ayudas revocadas.

Uno de los responsables de los centros receptores, Josep Maria Argelès, ex alcalde de Agullana, manifestó ayer: "Nunca he militado en Unió, sino en CDC, por lo que no hubo trato de favor en absoluto". Argelès, que devolvió incluso su carnet de CDC en 1999, añadió: "Mientras fui alcalde, nunca fui monitor de los cursos del Ayuntamiento y, desde luego, nunca cobré por ello como mantiene el diputado del PSC Josep María Rañé. De ello dan fe tres diferentes auditorías de Trabajo, del Parlament y de Gobernación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de marzo de 2000

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