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Las demandas judiciales por accidentes en la vía pública se han cuadruplicado en sólo cuatro años

Las reclamaciones ante los tribunales por accidentes en la vía pública que son responsabilidad de las administraciones se han cuadruplicado en el último año. Del centenar de casos que estudiaba el Tribunal Superior vasco hasta 1996, se ha pasado a 390 el pasado año y en el actual, en dos meses y medio, se han presentado ya 105. Tres de cada cuatro demandas se plantean contra las diputaciones debido fundamentalmente a siniestros en las carreteras. La institución foral guipuzcoana acaparó el pasado año 150 de las 390 reclamaciones presentadas.

"Vamos americanizándonos y los asuntos de responsabilidad patrimonial vienen cada vez más a las salas de lo contencioso", asegura un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los accidentes por una mancha de aceite u otro percance en la carretera son los más habituales pero también se suceden los accidentes en las calles de una localidad por una baldosa mal colocada, escaleras deterioradas o el mobiliario urbano en deficientes condiciones.Hasta 1996, las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia recibían una media de un centenar de casos al año. En 1997 se alcanzaron los 277 y el pasado año se llegó a los 390. "Y hay que tener en cuenta que en 1999 ya no se incluyen los casos de responsabilidad médica, que en 1998 fueron 47, porque la competencia pasó a los juzgados de lo contencioso administrativo", señalan en el Tribunal Superior.

La Diputación de Guipúzcoa -y como las otros dos instituciones forales, fundamentalmente debido a accidentes de tráfico en las carreteras- es la más demandada con diferencia, puesto que el pasado año hubo 150 reclamaciones judiciales. "Puede ser debido a los tramos de carreteras especialmente conflictivos que tiene, como el que hay entre Orio y Zarautz", señalan en el Superior. La Diputación vizcaína tuvo 77 demandas el pasado año, más del doble que el anterior, y Álava es la menos denunciada con 14 casos, una cifra que prácticamente se mantiene respecto a 1998.

El Gobierno vasco sólo tuvo una reclamación que además estaba relacionada con un asunto laboral. "No fue un tema de un mal funcionamiento de los servicios sino los perjuicios derivados de un cambio de plaza de trabajo", añaden.

El doble en San Sebastián

Entre los ayuntamientos, donde se concentran las denuncias por accidentes por resbalones, caídas y similares circunstancias, Bilbao tuvo durante 1999 el mayor número de demandas con un total de 61. San Sebastián alcanzó las 45 pero esta cifra duplicó las reclamaciones del año anterior, mientras que Vitoria se quedó en 15, las mismas que en 1998. En otros municipios, destaca el caso de Barakaldo, donde en 1999 también se doblaron las reclamaciones y llegaron hasta las 23, ocho más que en la capital vitoriana, pese a tener menos de la mitad de población.

El sentido de la resolución de las reclamaciones, que tienen que esperar al fallo una media de cuatro años desde la presentación, cambia según el tipo de percance. En los casos de accidentes de tráfico, la Administración pierde en cerca del 80% de los casos. Este porcentaje se reduce al 50% en las denuncias por los accidentes en los municipios, "y en los de responsabilidades médicas se desestiman más de las que se estiman". "El fallo en un sentido u otro", afirman en el Tribunal Superior, "depende mucho de las pruebas que se presenten, de la verosimilitud demostrada del hecho. Se piensa que con un caso similar a otro que se ha fallado a favor, se va a ganar y no es así".

Los accidentes de tráfico logran más fallos favorables al ciudadano "porque suele haber un atestado de la Ertzaintza que deja bastante claros los hechos. En la calle, el afectado no aporta datos de quien lo ha visto y también la realidad es que es más difícil la prueba".

Los magistrados de las salas de lo contencioso administrativo censuran la "errónea mecánica" de las administraciones de remitirse a sus seguros cuando los ciudadanos presentan las reclamaciones. "La compañía de seguros tiende a decir que no y se persiste en los razonamientos de que no tienen nada que ver con la responsabilidad patrimonial. Por eso, ha habido casos en que, además de fallo desfavorable, se han impuesto las costas a la administración".

Estos casos de responsabilidad patrimonial tienen más protección en el País Vasco y el resto de España en relación a otros países europeos, ya que es un derecho garantizado por la Constitución. "La responsabilidad es tanto por el funcionamiento anormal del servicio público como el normal, entendido éste como accidentes que se deben a hechos fortuitos".

Desde heces de perro a una pelea entre niños

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial son de lo más variopintas: desde una mujer que resbala por unas heces de perro a una pelea entre niños en un colegio de la que se pretende responsabilizar al Gobierno vasco hasta un bombero que quiso culpar de un accidente sufrido en la barra de descenso de su parque y un levantador de peso que padeció un accidente en la Expo 92 y logró hacerle responsable al Ejecutivo vasco, quien tuvo que pagar 11 millones.Una de las más curiosas es la de los padres de un niño de 14 de años que en 1994 tuvo una pelea, en su colegio de Barakaldo, con otro menor. El demandante golpeó con su puño la pared del patio y responsabilizó al Gobierno vasco porque el recinto no estaba vigilado y los profesores no llegaron a tiempo de evitar la pelea. Fue desestimado tras considerar el tribunal que "no resulta claro que la ausencia [de profesores] sea condición adecuada para que se produzca una agresión entre alumnos".

Otra demanda llamativa es la de una mujer que en 1994 pisó unas heces de perro en una calle de Bilbao y cayó, produciéndose una fractura en su hombro y responsabilizando al Ayuntamiento. El Superior concluyó que el "despliegue de medios para evitar la existencia de excrementos caninos en la vía pública es claramente insuficiente" y condenó al consistorio bilbaíno a pagar casi 4,4 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de marzo de 2000

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