El Tribunal Superior anula el acuerdo de la Generalitat de retirar 3 emisoras a la COPE

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Gobierno catalán anunció ayer que en los próximos meses volverá a realizar la adjudicación de las tres polémicas frecuencias retiradas a las emisoras de la COPE en Barcelona, Manresa y Tarragona, y de un nuevo paquete de seis: dos en Barcelona, una de ellas utilizada también por la COPE en la actualidad, y cuatro por las que se emite desde Roses, Berga, Blanes y La Bisbal d'Empordà, la única libre en la actualidad.

El consejero de Presidencia, Joaquim Triadú, anunció ayer que la fórmula jurídica que se empleará para resolver esas concesiones todavía no está decidida, pero anunció que, en cualquier caso, "se aplicará el criterio que fija el tribunal" en la sentencia. Es decir, se reducirá la "desproporcionada" puntuación de las cuestiones relativas al uso de la lengua y la cultura catalanas que se estableció en las concesiones de hace un año.

Las dos fórmulas que estudian los servicios jurídicos de la Generalitat para realizar las nuevas concesiones consisten en convocar un nuevo concurso al que puedan concurrir por segunda vez todos los interesados o bien en evaluar las características de las empresas que se presentaron en su día y resolver las adjudicaciones a través de la mesa de contratación.

"No tenemos ninguna voluntad política de dar o no dar emisoras a un grupo o a otro, sino que se las llevará el que ofrezca mejores condiciones", afirmó Triadú. Por su parte, el portavoz del Gobierno catalán y consejero de Economía, Artur Mas, aseguró: "La Junta de Andalucía o la de Extremadura también conceden licencias y no renuevan otras, pero no se llenan los kilos de papel que se llenan cuando la decisión la adopta la Generalitat".

La sentencia explica que el tribunal no cuestiona que el pliego de cláusulas de la Generalitat valore las propuestas concretas para fomentar las manifestaciones de la cultura catalana, ni que se emita al menos la mitad de la programación en esta lengua, ni que se garantice "una presencia significativa del aranés" o que las emisoras se adapten a las "necesidades socioculturales" de su ámbito de influencia". Se trata, en todos los casos, de criterios recogidos en la Ley de Política Lingüística de 1998 que la sentencia califica de "obligaciones de estricto cumplimiento legal".

"Bajo estos parámetros no se cuestionan por la sala esos criterios, pero sí su puntuación desproporcionada", afirma el tribunal, con relación a otros requisitos, como la viabilidad del proyecto, la vinculación de la emisora con otros medios de comunicación de Cataluña o su presencia en el entorno radiofónico. En concreto, recuerdan los jueces, los primeros criterios se valoraron hasta con 20 puntos cada uno de ellos, frente a los 10 puntos de los segundos.

La Generalitat, por el contrario, sostiene en su interpretación de la sentencia que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, sino que "el tribunal ha descendido a valorar los criterios enumerados en el pliego de condiciones desde una perspectiva más propia de la legalidad ordinaria".

Voto particular

El voto particular del magistrado Antonio Moya Garrido considera que el recurso de la COPE debió desestimarse porque la puntuación de los criterios para exigir el catalán están orientados a normalizar esta lengua en los medios de comunicación y "ha de ser necesariamente entendido como medida de fomento y de promoción (...) en función de la existencia de una situación de hecho aún caracterizada por su desigualdad y su uso aún minoritario".

En este sentido, el magistrado recuerda que tres cadenas de ámbito español obtuvieron frecuencias en el concurso, lo que pone de manifiesto que el baremo fijado "no resulta inalcanzable". Asimismo señala que la "única beneficiada" por el pliego de las cláusulas es la lengua hablada y la música cantada en catalán, así como las distintas manifestaciones de la cultura catalana. Por ello añade que el "esfuerzo de adaptación" y los cambios de estructura, organizativos y de programación que las empresas estatales deban hacer para adecuarse a este modelo "no afectan a la constitucionalidad de las condiciones del concurso".

Según el juez discrepante, el concurso da prioridad a exigencias que fomentan y normalizan el uso de catalán, "evitando dilaciones en el tiempo o la relativización en el cumplimiento de las previsiones y exigencias de la Ley de Política Lingüística".

Además del derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, que reconoce el tribunal, el recurso de la COPE invocó que la retirada de la tres licencias también había vulnerado otros derechos constitucionales que el tribunal no analiza.

El Grupo Godó, accionista mayoritario de la cadena Radiocat XXI, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no sólo no supone un revés a su proyecto empresarial, sino, al contrario, "un espaldarazo judicial". Este grupo periodístico confía en que tras las nuevas adjudicaciones que ha de realizar la Generalitat podrá recuperar las dos frecuencias de Barcelona y Manresa por las que actualmente emite la COPE y que le fueron otorgadas hace un año por el Gobierno catalán. El motivo, según explica un comunicado difundido ayer por el Grupo Godó, es que Radiocat XXI obtuvo una puntuación más alta que la COPE en aquel concurso. El Grupo Godó anunció que tiene la intención de empezar sus emisiones dentro de un mes a través de la cadena RAC 1, la emisora convencional, con sede en Barcelona.Por el contrario, la cadena Cope entiende que la sentencia restaura el derecho fundamental a la libertad de expresión y muestra la satisfacción de la empresa por haber logrado lo único que pretendía al iniciar el procedimiento judicial: seguir emitiendo por las tres emisoras.

Los partidos políticos catalanes también valoraron la sentencia de manera desigual. Para el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, la decisión del tribunal supone "un suspenso" a la política de "intervención" y "de designaciones a dedo" de la Generalitat.

Por su parte, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) e Iniciativa per Catalunya-Verds, (IC-V) coincidieron en reclamar que la concesión de licencias de radio y televisión sea competencia del Consell de l'Audiovisual de Cataluña "por seguridad jurídica y de imparcialidad". El diputado socialista Miquel Iceta justificó esta reclamación en la necesidad de "disipar cualquier duda" sobre la transparencia de este tipo de adjudicaciones, mientras que el portavoz del partido ecosococialista, Joan Boada, aseguró que si se mantiene el criterio actual "priman los intereses partidistas".

El consejero de Presidencia, Joaquim Triadú, anunció que el Gobierno catalán "no tiene ningún inconveniente" en que el Consell de l'Audiovisual emita sus informes para resolver las nuevas concesiones, pero rechazó la sugerencia de los grupos de la izquierda.

Finalmente, Esquerra Republicana de Catalunya censuró la decisión del tribunal al asegurar que la Generalitat actuó en el uso de sus competencias y pidió "más sensibilidad a los jueces".