También Unió

Apenas celebradas las elecciones generales, ha saltado a la opinión pública un nuevo escándalo de un supuesto mal uso de dinero público, parcialmente procedente de fondos europeos, por parte del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Se trata de la típica operación triangular: el empresario Fidel Pallarols, propietario de varias academias, ha recibido en los últimos años 1.500 millones de pesetas de los fondos para la formación de parados del Departamento de Trabajo, que en los últimos años ha estado en manos de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). En la contabilidad de una de las empresas de Pallarols, radicada en Andorra, aparecen numerosos apuntes que revelan pagos de esta empresa a varios dirigentes de Unió por un valor próximo a los 200 millones de pesetas. Otros documentos contienen apuntes sobre el cobro por parte de dichas personas de supuestas comisiones del 10% de los fondos. El Departamento de Trabajo gestiona un presupuesto de 20.000 millones de pesetas, del que un 45% procede del Fondo Social Europeo. El escándalo guarda una enorme semejanza con el que provocó la dimisión del ministro de Trabajo Manuel Pimentel, pocos días antes de las pasadas elecciones, al conocerse que la esposa del director general de Migraciones, Juan Aycart, participaba en una empresa que había obtenido 2.000 milllones de subvenciones del Inem. Pero con una diferencia sustancial. Pimentel dimitió a las 48 horas de que trascendieran los hechos. Ahora, la respuesta del Gobierno catalán y de la dirección del partido afectado ha sido decepcionante. Han negado los hechos, no han proporcionado explicación aclaratoria alguna, reclamada por los propios militantes, se han opuesto a la creación en el Parlament de la comisión de investigación que había pedido la oposición. Pero no deja de ser sorprendente también que esa oposición, demasiado ocupada en lamerse las heridas, haya tenido una reacción rutinaria, como si no quisiera meterse en profundidades. Ello ha permitido a Unió tomar iniciativas defensivas, como la apertura de una investigación interna: el procedimiento clásico de autoexculpación de los partidos, como se comprobó en el caso Naseiro y tantos otros. Las dos supuestas irregularidades descubiertas -mal uso del dinero de los parados y financiación indirecta de un partido político- exigen tanto que los dirigentes de UDC afectados asuman sus responsabilidades como que la oposición cumpla con su obligación de denuncia pública. De lo contrario, se daría pábulo a quienes consideran que los escándalos se diluyen en el oasis catalán, fruto de un consenso tácito y perverso entre todos los partidos.