Unos 50.000 inmigrantes podrán acogerse a la regularización en Andalucía

Para los cerca de 50.000 inmigrantes sin papeles que viven en Andalucía, el martes se abre una puerta a la legalización y a una vida sin el temor a la expulsión. No hay cupos, así que podrán regularizarse todos los que cumplan los requisitos establecidos. Para las organizaciones humanitarias, este proceso extraordinario de legalización es positivo porque permitirá "sacar a la luz" a personas que no existían desde un punto de vista administrativo y contribuirá a su integración. Lo malo, según las ONG, es que se duplican trámites y que no todos podrán aportar los documentos requeridos.

El plazo acaba el próximo 31 de julio. Pueden solicitar su regularización todos los inmigrantes que estén en España desde antes del 1 de junio de 1999 y que además cumplan algunas de las siguientes condiciones: haber tenido un permiso de trabajo y/o residencia en los tres últimos años, haber solicitado un permiso de trabajo y/o residencia antes del próximo 31 de marzo, haber pedido asilo antes del 1 de febrero del 2000 o ser familiar de un extranjero que se acoja a la regularización (Ver EL PAIS de ayer). Las provincias con mayor volumen de inmigrantes en situación irregular son Almería y Málaga. Casi el 70% son marroquíes, seguido de latinoamericanos, subsaharianos, ciudadanos de Países del Este y chinos.

Para Andalucía Acoge, lo positivo de este proceso será que contribuirá a "normalizar" a miles de personas y que no hay cupos. Sin embargo, se cuestiona que se dupliquen ciertos trámites. Por ejemplo, los que no hayan tenido permiso de trabajo y/o residencia ni lo hayan solicitado, deberán hacer primero ese papeleo y luego con la solicitud, rellenar otro impreso para la regularización. Para la organización hubiera sido más fácil, que ambas peticiones fueran juntas. La ong también critica que quienes no puedan solicitar el permiso antes del 31 de marzo queden excluidos, aunque estén en España desde antes del 1 de junio de 1999. Por último, advierte que muchos inmigrantes no podrán acreditar que se encontraban en el país antes de esa fecha.

"Muchos no tienen documentos porque su situación les obligaba a no aflorar ya que corrían el riesgo de ser expulsados", argumentó el presidente de Andalucía Acoge. Por eso, José Luis Rodríguez reclamó "flexibilidad" a la administración y que admita que esa estancia sea probada mediante testigos. Rodríguez no sólo hizo cuestionamientos, sino que reconoció lo positivo de la medida: no hay cupos ni preferencia por orden de entrega de las solicitudes. "Que no se empeñen en ir todos el primer día o el primer mes", recomendó.

Por otra parte, unos 60 inmigrantes subsaharianos cumplen hoy una semana de encierro y huelga de hambre en la iglesia de El Salvador, en Málaga. Los manifestantes reclaman su legalización, pero se enfrentan a un problema: la mayoría carece de los requisitos exigidos por la ley para acogerse a la regularización extraordinaria que comienza el martes. Las organizaciones no gubernamentales que con anterioridad apoyaron otros encierros que concluyeron con la documentación de los inmigrantes, no respaldan esta protesta porque entienden que sería "un agravio comparativo" hacia los más de 5.000 sin papeles que hay en la provincia de Málaga.

Las ongs se comprometieron a estudiar cada caso para buscarles una salida si abandonaban la parroquia, pero los subsaharianos rechazaron la oferta y mantuvieron el encierro. Ayer, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, fue tajante: "Su situación no es diferente a la de los otros 5.000".

Antes de encerrarse en la iglesia, el grupo intentó realizar la protesta en la catedral, pero fue desalojado por la policía. El cura de la parroquia donde permanecen desde el sábado pasado les ha pedido que mañana dejen el edificio. De momento, el Movimiento contra el Paro -un colectivo radical de izquierdas integrado mayoritariamente por jóvenes- es la única organización que respalda su protesta.