Alperi suspende por sorpresa la adjudicación de un plan urbanístico

Por sorpresa, y sin previo aviso a sus compañeros de partido, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, modificó ayer el orden del día del pleno que celebrará hoy la Corporación, eliminando la millonaria adjudicación a la firma Ortiz e Hijos de un plan urbanístico para desarrollar 680.000 metros cuadrados destinados a acoger hasta 1.250 nuevas viviendas, la mayoría de ellas adosadas. El proyecto, que fue modificado y aprobado en comisión el martes, no ha sido aceptado por la empresa.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ofreció ayer una nueva muestra de la descoordinación que define su gestión desde el inicio del mandato. El martes, la comisión municipal de Urbanismo aprobó, con los votos del PP y la abstención de los dos grupos de izquierda en la oposición, PSPV y EU, adjudicar a Ortiz e Hijos la urbanización de la única zona de la partida de Vistahermosa virgen de edificaciones: un apetitoso territorio de 680.000 metros cuadrados llamados a completar el ensanche urbano al norte del término municipal, sobre el que se podrán construir 1.250 viviendas.Las modificaciones de última hora introducidas al proyecto por los técnicos y apoyadas por el equipo de gobierno, que se resumen en una importante reducción en el volumen de edificabilidad, no convencen a la empresa adjudicataria, que ha hecho saber al alcalde que no estaría dispuesta a hacerse cargo de la urbanización en esas condiciones.

Ortiz e Hijos presentó una oferta consistente en edificar algo más de 1.700 viviendas, la mitad de ellas unifamiliares y el resto en bloques de apartamentos. El Ayuntamiento, sin embargo, intenta adjudicarle un proyecto condicionado a limitar la edificabilidad a un total de 1.250 viviendas, para primar una zona residencial de baja densidad, con mucho espacio libre y zonas ajardinadas. "De esa forma no salen las cuentas", señaló ayer un portavoz de la firma. Una reducción de tal envergadura reduce el margen de beneficios y convierte la urbanización en una operación poco rentable.

La eventualidad, no esperada, obligó ayer al alcalde a dar marcha atrás, retirar el asunto del pleno que se celebrará hoy e iniciar un periodo de estudio de la documentación, del que podría resultar nuevas modificaciones al alza.

Fuera de juego

La decisión de suspender el debate sorprendió no sólo a los partidos de la oposición. El portavoz del grupo popular, Pedro Romero, no supo contestar ayer cuando fue preguntado sobre el particular en su semanal encuentro con los informadores. Absolutamente en fuera de juego, Romero, que el martes defendió el proyecto ahora cuestionado y arremetió contra la oposición por cuestionarlo, reconoció haberse enterado de la retirada en ese momento.

Con el expediente concluso, Alperi justificó su decisión con los mismos argumentos que el día anterior esgrimieron los concejales de la oposición, y que fueron rechazados de plano por el PP. "No ha habido tiempo suficiente para estudiar detenidamente la documentación, se ha actuado con premura, no hay ninguna prisa por adjudicar y no tenemos inconveniente en retrasar la votación al mes de abril", señaló el primer edil. El alcalde añadió que el proyecto "no es definitivo", lo que podría traducirse en un anuncio de que el planeamiento se modificará para hacer la operación rentable y apetecible a la iniciativa privada.

Contrata millonaria

Por otra parte, las bases que regirán la contrata más importante que puede adjudicar un ayuntamiento, tanto por el monto económico como por el grado de afección sobre la ciudadanía, saldrá adelante en el pleno que hoy se celebrará en Alicante. Se trata del servicio de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos urbanos, que se licita por 12 años y por un importe calculado de 80.000 millones de pesetas.

En esta ocasión, el PP también aprobará ese documento en solitario, después de haber rechazado todas las alegaciones planteadas por asociaciones vecinales, grupos ecologistas y partidos de la oposición, que solicitaban prestaciones no contempladas en las bases de la contrata.

El equipo de gobierno considera que las cuestiones que se le reclaman no son asumibles, ya que implicarían incrementos en la partida presupuestaria destinada a cubrir el servicio. "Hay que jugar con el presupuesto, y lo que se intenta es mejorar lo que tenemos ahora sin necesidad de digerir un montante que exigiría aumentar los impuestos", señaló ayer Luis Díaz Alperi.

Los grupos ecologistas reclamaban que la contrata se ajustara a la normativa europea, que será de obligado cumplimiento en España en los próximos años, en lo que se refiere a recogida selectiva y tratamiento de residuos. El PP entiende que, llegado el momento, la UE habilitará ayudas económicas para ayudar a los ayuntamientos. "Si nosotros nos adelantamos perderíamos esas subvenciones", alegó el edil de Servicios, Pablo Suárez.

El rechazo de todas las alegaciones ha sido acogido por la oposición como "un gesto de desprecio" a la ciudadanía. "No han modificado un ápice la contrata, y se han reído de quienes se han preocupado en plantear mejoras asumibles", declaró el edil socialista Pedro Boj. Desde la oposición, el portavoz de EU, José Luis Romero, también cuestiona el futuro servicio. "Será el peor y el más caro de España", dijo.