Objetivos de CiU que la mayoría absoluta ha dejado colgados

Si los resultados electorales hubieran sido los previstos por Convergència i Unió (CiU), de modo que los nacionalistas catalanes conservaran su capacidad de maniobra para construir mayorías parlamentarias en Madrid, la coalición encabezada por Jordi Pujol hubiera podido plantear al Gobierno de José María Aznar una serie de cuestiones pendientes cuya solución, ahora, en clave nacionalista, es más que dudosa.Agencia tributaria propia.

La gran contrapartida que CiU pretendía pedir al Partido Popular a cambio de la investidura de José María Aznar era el traspaso de la Agencia Tributaria, como visualización clara del avance real en la mejora del sistema de financiación autonómico, la principal demanda del nacionalismo catalán.

Hasta tal punto estaba Pujol convencido de que lo lograría, que colocó de número dos en la lista de CiU por Barcelona a Heribert Pedrol, hasta entonces director general de la Inspección Tributaria en el Ministerio de Hacienda, con la promesa de convertirlo en la cabeza visible de la futura Agencia Tributaria catalana. Durante la campaña, Pedrol ha sugerido diferentes modelos de traspaso de la gestión fiscal, con referencias a países de estructura federal como Alemania o Estados Unidos.

Reforma del Senado.

Los nacionalistas catalanes proponen la reforma de la Cámara Alta para convertirla en una Cámara de representación territorial. En este sentido, CiU pide que desaparezca la elección directa de los senadores en los comicios generales y que sean designados por los parlamentos autonómicos, tal como se hace ahora con una pequeña proporción de los mismos. La coalición que dirige Pujol reclama asimismo la utilización de las diferentes lenguas españolas en todo tipo de debates y que este punto se incluya en la Constitución. En la actualidad, sólo se usan los distintos idiomas una vez al año en el pleno extraordinario que reúne a los presidentes de todas las comunidades autónomas. Durante la campaña, Aznar calificó de "bobada" esta pretensión.

Tribunal Constitucional.

CiU considera que las comunidades autónomas y el Senado, cuando éste sea una verdadera Cámara de representación territorial, deben intervenir de forma directa en la elección de los magistrados del Alto Tribunal.

Privatización de los aeropuertos.

La coalición nacionalista viene exigiendo desde hace ya dos legislaturas un cambio en la gestión de los aeropuertos, sugiriendo la creación de un organismo en el que estén presentes, además de las administraciones, las cámaras de comercio y entidades financieras públicas, como las cajas de ahorro con implantación en el territorio.

Tras los importantes problemas de gestión sufridos en los últimos años por los grandes aeropuertos españoles, el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, anunció un plan para privatizar la sociedad estatal que gestiona los aeropuertos españoles, AENA. El Gobierno presidido por Pujol reaccionó indicando que tal privatización era ilegal pues, según el Estatuto de Autonomía, si la Administración central renuncia a la gestión de los aeropuertos, ésta recae automáticamente en la Generalitat. CiU quiere para los aeropuertos catalanes una solución similar a la aplicada a los puertos marítimos, cuya gestión ha sido traspasada recientemente a la Generalitat.

Revisión de la Ley de Extranjería.

El papel desempeñado por los nacionalistas catalanes en la elaboración y posterior aprobación de la nueva Ley de Extranjería no ha podido ser más desagradable. Tras involucrarse a fondo en la redacción de la misma durante más de un año, a través de su diputado Carles Campuzano, CiU se vio obligada a hacer marcha atrás cuando el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quiso forzar una revisión en un sentido más restrictivo de la Ley de Extranjería que había sido pactada por todos los grupos con representación parlamentaria.

En contra de la opinión, tanto de las bases como de los cuadros del partido, los nacionalistas catalanes aceptaron los recortes propuestos por el PP. Pero, finalmente, gracias a los votos de Coalición Canaria, se aprobó la primera versión de la ley. Campuzano reconoció entonces que el ambiente era de "perplejidad" y calificó de "esperpéntica" la tramitación. El PP anunció que si conseguía la mayoría absoluta revisaría el texto, mientras que CiU aseguró que sólo lo aceptaría si se lograba un consenso de toda la Cámara.

La privatización de las cajas.

Tras la llegada al poder de los populares en 1996, los asesores del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, pusieron en sus manos diversos proyectos aconsejando la privatización de las cajas de ahorros. El modelo que pretendía aplicar el Gobierno no era otro que el utilizado para la privatización de las grandes empresas públicas como Telefónica o Endesa: colocar al frente de la gestión a hombres afines al PP y, a continuación, convertir las empresas privadas, que en el caso de las cajas supondría transformarlas en bancos y sacarlas a cotización en bolsa. CiU tiene una concepción completamente diferente de estas instituciones, que prefiere que sigan estando regidas por órganos de Gobierno vinculados a instituciones públicas.

Para la permanencia del actual modelo de las cajas catalanas, Jordi Pujol y Josep Vilarasau, presidente de la mayor de estas instituciones financieras, La Caixa, han ido acercando sus posturas hasta coincidir en el mantenimiento del estatuto jurídico habitual, que el modelo privatizador del PP podría dar al traste.

Selecciones deportivas catalanas.

El Tribunal Constitucional tiene admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de José María Aznar contra la Ley de Selecciones Deportivas Catalanas aprobada por el Parlament de Catalunya, lo que ha supuesto la suspensión de esta ley mientras no se pronuncie el Alto Tribunal. La tramitación de esta ley surgió de una iniciativa popular que consiguió reunir más de medio millón de firmas en favor de las selecciones deportivas catalanes. La ley fue aprobada por todos los partidos con excepción del PP. Durante la campaña electoral, Pujol anunció que su partido reclamaría "en tono imperativo" durante la próxima legislatura la modificación de la Ley del Deporte de 1990 para que Cataluña pueda participar con selecciones deportivas nacionales en competiciones internacionales, precisamente lo que el PP no quiere que suceda.