La mayoría de excomisarios oculta a Bruselas sus ingresos actuales, en contra de la normativa

La mayoría de los comisarios europeos que dejaron el cargo en otoño pasado siguen sin cumplir con su obligación de declarar a la actual Comisión Europea qué ingresos han obtenido desde entonces al margen de los pagos mensuales que reciben de Bruselas. "Sólo unos pocos han cumplido hasta ahora con su obligación de informar", admitió a este diario un portavoz de la Comisión. De los 20 comisarios del equipo de Santer, cuatro siguen en la Comisión, seis están empleados en la empresa privada, seis están aún en la política o la universidad y cuatro no ejercen ninguna actividad remunerada.

El vicepresidente primero de la Comisión, Neil Kinnock, envió una carta el pasado martes a sus antiguos colegas para recordarles que el reglamento que regula el pago de los salarios transitorios cuando abandonan el cargo les obliga a declarar cualquier tipo de ingresos. En base a esas declaraciones, la Comisión les descuenta de su salario transitorio -que reciben durante tres años- las cantidades que han cobrado por otras vías.En su misiva, el vicepresidente les invita a cumplir con su obligación antes del 15 de abril. "Kinnock está preocupado por el retraso en el envío de las declaraciones pero no quiere dramatizar porque es la primera vez que los antiguos comisarios tienen que presentar estos datos desde que dejaron el cargo y porque de hecho sólo desde el 1 de enero están formalmente obligados a declarar sus ingresos", declaró un portavoz del comisario británico. Aunque también están obligados a informar de inmediato sobre cualquier cambio en su situación.

Los antiguos comisarios tienen derecho a percibir durante un periodo máximo de tres años un salario llamado de transición, aunque si son mayores de 60 años pueden optar por el cobro de una pensión. El montante del salario de transición depende del tiempo durante el que han desempeñado el cargo. Puede oscilar entre el 40% del salario real si han estado menos de dos años y hasta el 65% para los que lo han desempeñado durante más de 15 años. En el caso de que opten por una pensión, esta puede alcanzar un máximo del 70% del salario real, aunque ese tope se recorta para aquellos que, siendo mayores de 60 años, aún no han cumplido 65.

El cobro del salario de transición está sujeto a una regla básica: la Comisión asegura al beneficiario que durante tres años tendrá unos ingresos que no superen el máximo que le toca en función de su permanencia en el cargo, por lo que la Comisión está obligada a descontar de sus pagos todos los demás ingresos que recibe el ex comisario en cuestión. Por ejemplo, si un comisario tiene derecho a percibir 15 millones de pesetas al año de Bruselas pero gana 10 millones con otras actividades, la Comisión sólo le abona 5 millones. Si ese comisario gana 20 millones la Comisión no le paga nada porque supera el máximo que le corresponde.

Pero para conocer cuánto debe descontar, Bruselas necesita los datos de cuánto cobran los comisarios por cualquier actividad. Es esa declaración de ingresos la que se está ocultando. "Sólo unos pocos han cumplido con su obligación de informar", lamenta la Comisión. Pero Bruselas no quiere denunciar en público quiénes han informado y quiénes no. Tampoco ha querido decir quiénes, o cuántos comisarios, no tienen derecho a percibir salario de transición por superar en sus actividades privadas los ingresos que les garantiza la Comunidad.

Esos salarios privados pueden ser muy variables. De los 20 comisarios de la etapa Santer, cuatro siguen en la actual Comisión y no tienen derecho a esa paga: el vicepresidente Kinnock y los comisarios Mario Monti (Competencia), Franz Fischler (Agricultura) y Erkki Liikanen (Industria).

Otros seis parece que están obteniendo ingresos importantes. El alemán Martin Bangemann fichó por Telefónica antes incluso de hacer efectiva su dimisión como comisario. Su decisión de fichar antes de tiempo por una empresa del ramo del que había sido comisario provocó tal escándalo internacional que Bangemann se vio obligado a retrasar un año su fichaje por el operador español.

El español Marcelino Oreja es presidente de la principal constructora española, FCC (resultante de la fusión entre Focsa y Construcciones y Contratas) y consejero de Repsol. Es uno de los pocos comisarios que parecen haberse acogido a la fórmula de la pensión comunitaria en lugar del salario de transición. Los otros comisarios contratados por grandes empresas privadas son Yves-Thibault de Silguy (Lyonnaise des Eaux), Karel van Miert (Philips y Swissair) y Sir Leon Brittan (la anglo-holandesa Unilever y el banco suizo Warburg Dillon Read).

Seis ex comisarios siguen en la política. Jacques Santer y Emma Bonino son eurodiputados. El manchego Manuel Marín, refugiado en la Universidad Carlos III, no ha resistido la tentación de presentarse a diputado pese a su promesa de dejar la política. La danesa Britt Bjerregaard es ministra de Agricultura. El griego Christos Papoutsis y el holandés Frank van den Broek tienen más aspiraciones que posibilidades en sus partidos.

Y otros cuatro parecen casi hibernados y no tienen actividades remuneradas. Se trata de la alemana Monika Wulf-Mathies (asesora sin sueldo del canciller Gehard Schröder), la francesa Edith Cresson (en una fundación educativa), el irlandés Padraig Flynn (con problemas judiciales) y la sueca Anita Gradin (jubilada).