Estrasburgo obliga a indemnizar con 2 millones a un procesado por Intelhorce
El Gobierno español tendrá que indemnizar con dos millones de pesetas a Giovanni Orefici, uno de los procesados en el caso Intelhorce, por los dos años y cinco meses que permaneció indebidamente en prisión provisional. Así lo ha decidido el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano competente para resolver las demandas que no se atribuyen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. La fiscalía pidió ayer al tribunal que juzga el caso que embargue la indemnización a Orefici.
Giovanni Orefici, ex propietario de la empresa textil Intelhorce y uno de los principales imputados en el caso de presuntas irregularidades en la privatización y posterior gestión de la fábrica, ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre el 7 de marzo de 1995, a raíz de que el juez de instrucción de Málaga le inculpara en delitos de estafa, contra la propiedad, delito fiscal, corrupción y falsedad en documento, y ordenara su detención.Orefici permaneció en situación de prisión provisional hasta el 20 de agosto de 1997. Contra tal privación de libertad recurrió en todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Constitucional, que rechazó su petición de amparo.
La demanda presentada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos (órgano que, hasta su desaparición en noviembre de 1998, actuaba como filtro de los asuntos al Tribunal o al Comité de Ministros) fue admitida a trámite, y la Comisión dictaminó, por unanimidad, que España violó el artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que declara el derecho "a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento".
El peligro de fuga
Según el dictamen de la Comisión, "los imperativos de la instrucción no son suficientes, pasado un cierto tiempo, para justificar la permanencia en prisión". La Comisión también significó que "el peligro de fuga no puede apreciarse sobre la única base de la gravedad de la pena", y en este caso era "poco verosímil que [Orefici] intentara sustraerse a la acción de la justicia".
El dictamen agrega después que la Audiencia Provincial de Málaga, que había privado de libertad a Orefici al apreciar un importante riesgo de fuga, le puso en libertad dos años después a pesar de que el preso mantenía "los mismos lazos familiares y el mismo domicilio próximo al lugar de instrucción" que fueron considerados "suficientes para sustituir la prisión provisional por la libertad provisional bajo fianza".
Al no haber sido trasladado este asunto al Tribunal de Estrasburgo, el Comité de Ministros decidió resolverlo el 3 de febrero de 2000. El Comité condena a España a pagar al demandante, en el plazo de tres meses, dos millones de pesetas, la mitad por daños morales y la otra mitad por gastos y honorarios. Orefici había pedido una indemnización total superior a los 811 millones de pesetas.
Al tener conocimiento de la decisión de Estrasburgo, la Fiscalía de Málaga reclamó al tribunal que juzga las presuntas irregularidades de Intelhorce que embargue la indemnización de dos millones que el Estado deberá pagar a Orefici.
La Fiscalía recordó, según Efe, que la responsabilidad civil de los procesados en la causa asciende a más de 10.000 millones de pesetas, cantidad que ha sido sólo garantizada en una mínima parte a través de embargos y medidas cautelares. Por tanto, solicitó al presidente del Tribunal que la indemnización fijada por el Comité de Ministros pase a engrosar este concepto.
Según los datos de la fiscal adscrita al caso, la Sala puede tomar esta decisión cuando no hay una fianza suficiente que afronte la cuantía de la responsabilidad civil solicitada.
Por otro lado, la defensa de dos de los imputados conoció ayer que uno de los testigos propuestos, el ex director financiero de Intelhorce Félix Romero, falleció recientemente. La defensa lamentó la pérdida de un testigo "de gran importancia" y recordó que el fallecido conocía "perfectamente" los proyectos de la empresa textil en el extranjero.
El tribunal que juzga el caso Intelhorce reanudó ayer la vista con 18 de los 43 procesados iniciales, en una sesión en la que se desalojó de la sala a decenas de trabajadores afectados, que irrumpieron en aplausos al inicio de la vista. Tras la sesión de ayer, el juicio de Intelhorce se reanudará el próximo lunes.
