Comienza en Zaragoza el juicio a una supuesta mafia policial

Los 12 abogados defensores de lo 24 imputados en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra una supuesta mafia policial que comenzó a investigarse en la capital del Ebro en 1995, han pedido la nulidad del proceso alegando la indefensión de sus clientes. El presidente de la Sala Primera de la Audiencia, Santiago Pèrez Legasa, admitió ayer la práctica totalidad de las pruebas aportadas por las defensas. En el banquillo se sientan nueve policías, si bien tres de ellos ya están fuera del cuerpo. Junto a ellos hay confidentes, traficantes de drogas y prostitutas acusados de delitos de cohecho, tráfico de drogas y revelación de secretos, para los que se piden penas que van desde meras multas a diez años de cárcel. Hoy es un día crucial para saber si el juicio, en el que están citados 100 testigos, sigue o no y cuántos de los acusados seguirán siéndolo. Ese proceso cobró especial relevancia pública al haber estado imputado en él el senador socialista Carlos Piquer, que se suicidó en noviembre de 1997, angustiado por la presión que sufrió cuando una prostituta le acusó de incitarle a consumir droga comprada con fondos del grupo socialista de las Cortes Aragonesas. Piquer abandonó su escaño, devolvió el dinero y negó siempre haber comprado droga con él. Ninguno de los políticos socialistas que aparecieron en el sumario está acusado de ningún delito, por ausencia de pruebas.

En el sumario trambién aparecía mezclado el ex jefe superior de Policía de Zaragoza, que ahora actuará como testigo, acusado por la Unión Federeal de Policía de varios delitos, como omisión en el deber de investigar delitos y tráfico de influencias, que fueron sobreseídos.

Indefensión

Ayer los abogados alegaron contra un sumario de casi cuatro mil folios que instruyó durante dos años y medio el juez Carlos Lasala, quien prorrogó durante 17 meses el secreto del sumario. Ése ha sido precisamente uno de los argumentos de la defensa, que considera que los derechos de sus clientes fueron violados ya que las pruebas se obtuvieron mediante escuchas telefónicas a su juicio ilegales, vieron anulada su capacidad de defensa al no poder acceder a las acusaciones contra sus clientes y por la existencia de tres testigos protegidos. De momento el magistrado Pèrez Legasa ya ha levantado del banquillo a una de las acusadas: la propietaria de una casa de alterne, de 64 años, a la que se acusaba de tráfico de drogas y para la que se pedían seis meses de condena. Su imputación se sobreseyó provisionalmente porque la mujer sufre un cuadro depresivo crónico.

Ayer uno de los defensores argumentó la tesis de la mayoría, que el juicio no se sostiene, que se basa en acusaciones que tienen que ver con la forma de trabajar en la policía y que nunca existió mafia policial. Javier Notívoli aseguró que se cuestiona la forma de trabajar de la policía "que en ocasiones raya el límite. En este caso la raya de la legalidad nunca se ha traspasado".