El fiscal no interrogó a los 'sin papeles' porque "no se puede estar en todas partes'

La ausencia del fiscal en el interrogatorio judicial a los 17 sin papeles detenidos por su pertenencia a una red de inmigración ilegal ha vuelto a poner de relieve la insuficiente presencia de representantes del ministerio público en los juzgados alejados de las capitales de provincia. El martes, un miembro de la acusación pública pidió por fax la libertad de los arrestados en Vinarós.Y lo hizo "porque no se puede estar en todas partes", según el fiscal jefe de Castellón.

La Asociación de Abogados del Maestrat y fuentes del Cuerpo Nacional de Policía mostraron su malestar por la ausencia de la acusación pública en la comparecencia que los detenidos -siete moldavos, siete polacos y tres rusos- realizaron ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaròs. El fiscal adscrito al caso, el encargado de defender los intereses de la sociedad, decidió no tomar ninguna medida cautelar contra los arrestados tras estudiar el atestado de la Guardia Civil. Y transmitió su decisión por fax, pese a las cinco peticiones de la juez para que acudiera hasta Vinaròs.La situación no es nueva, y simplemente viene a reflejar el alejamiento -tanto físico como práctico- de la Fiscalía y los órganos judiciales de las ciudadades distantes de Alicante, Castellón y Valencia. "El fiscal actuó correctamente al pedir, de manera justificada, la libertad provisional de los detenidos", dice Eduardo Vicente, fiscal jefe de Castellón.

Según Vicente, el representante de la acusación pública no acudió a Vinaròs, pese a la aparente importancia del caso, por una sola razón: la carga de trabajo. "Los 15 fiscales de Castellón no podemos atender el trabajo de nueve juzgados de instrucción, cuatro de lo penal o las tres secciones de la Audiencia. Por ello, en muchas ocasiones no podemos desplazarnos a Vinaròs" o hasta los juzgados de Vila-real o Segorbe. "Únicamente podemos acudir a los trámites imprescindibles", añade el fiscal jefe.

Éste problema se extiende también a los juzgados de Torrevieja, Benidorm, Dénia, Gandia o Alzira. El director general de Justicia, Eloy Velasco, ha intentado solucionarlo mediante la territorialización de los fiscales: la adscripción permanente de algunos de ellos a estas plazas. La iniciativa no ha encontrado eco entre los miembros de la acusación pública, tal como explica Vicente: "Estamos totalmente a favor de la medida, y así lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero eso sólo es factible con la creación de plazas de fiscal en esos municipios y la creación de la infraestructura necesaria".

Mientras, los partidos políticos de Vinaròs no han ocultado, tras la desarticulación de la red, su preocupación por el crecimiento de la inmigración ilegal y la explotación que sufren los sin papeles, informa Manuel de la Fuente. El portavoz del PP en Vinaròs, José Ramón Tárrega, señala que en el último mes se han empadronado en la ciudad cerca de un millar de inmigrantes. Una vez acaben sus contratos, declaró Tárrega, podrían estar "en situación de ilegalidad" y verse abocados a la "marginación social y la delincuencia, lo que aún no ha ocurrido". Avel.li Roca, del PSPV, y Pau Ballesteros, de EU, pusieron el acento en los derechos de los inmigrantes al reclamar para éstos mejores condiciones de trabajo y el fin de la explotación laboral a la que son sometidos frecuentemente en las tareas agrícolas.