Acció Ecologista dice que el pacto de Modrego culmina la destrucción del marjal de Pego

El largo historial de acosos que ha sufrido el marjal de Pego por parte del alcalde pegolino, Carlos Pascual, y sus seguidores hace recelar a los ecologistas de que el pacto que ha suscrito el edil con el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, suponga la salvación del humedal. Acció Ecologista-Agró afirmó ayer rotundamente que el acuerdo "culmina el proceso de destrucción" y "legaliza los desmanes de los últimos cuatro años", investigados como delito ecológico por la justicia. Además, Agró ve suicida desprecintar ahora las bombas usadas para desecarlo durante años.

El acuerdo, anunciado como el primer paso para garantizar el respeto a la legalidad y la salvación del valioso enclave, implica que Pascual y los agricultores pegolinos, empeñados durante años en desecar la totalidad del parque y transformarlo en cultivos hortofrutícolas, respetarán durante un año la zonificiación prevista en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Según dicho plan, los regantes deben dejar tranquila la zona de máxima protección (desecada y roturada el mes pasado) y limitarse a cultivar, exclusivamente arroz, en las 330 hectáreas reservadas a tal efecto (desde hace años desecadas y dedicadas a cultivos de hortalizas).Por su parte, la consejería se compromete a que un equipo de expertos de la Universidad Politécnica realice minuciosos estudios hidrológicos de la zona y evalúe la evolución de los cultivos y las quejas de los agricultores. Al final de este periodo, los datos servirán para modificar la zonificación de los cultivos a fin, según la consejería, de que los cultivos tradicionales sean compatibles con la protección de los valores naturales.

Y como primera medida, dos cesiones por parte de la consejería: la renuncia a ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre la Muntanyeta Verda (por el que podría comprar esa atalaya sobre el parque por el mismo precio que iba a pagar el consistorio) y solicitar al juzgado de Dénia que investiga el delito ecológico que desprecinte una bomba.

Este punto es el que ha levantado más ampollas entre los ecologistas. Así, Agró anunció ayer su oposición "a la autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente para que funcionen una parte de las bombas que desecan artificialmente el parque y que se construyeron, ubicaron y finaciaron con fondos públicos ilegalmente". Y opina que en tanto no haya un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aún no elaborado, "el funcionamiento de las bombas sigue siendo ilegal y su desprecintado puede constituir un hecho delictivo".

A juicio de Agró, Modrego ha sucumbido "al chantaje de los delincuentes". Además, creen los ecologistas que la constitución de una comisión de seguimiento para vigilar el acuerdo "sustituye ilegalmente" al órgano legal para gestionar los parques: la Junta Rectora, que en el caso de Pego aún no se ha constituido.