La detención del general impulsó el debate sobre la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional
El arresto del general Augusto Pinochet en Londres provocó un amplio debate a escala internacional. Incluso algunos que apoyaron al ex dictador en su tiempo, como Henry Kissinger, el ex secretario de Estado noteamericano, dijeron que, en todo caso, era un asunto para un Tribunal Penal Internacional (TPI). Otros políticos, como Felipe González, también evocaron la necesidad de que dicho tribunal se hiciera cargo del asunto. Finalmente, José María Aznar señaló que el mundo no entendería que "España quisiera ejercer de Tribunal Penal Internacional".Algunos de buena fe, sin duda; otros con bastante idea de lo que buscaban, utilizaron el sello del TPI para desviar el caso Pinochet de los cauces en que había entrado. Un país, España, proclamaba aplicar la jurisdicción universal sobre delitos que son considerados, desde los juicios de Núremberg, como crímenes contra la humanidad. La bandera del TPI fue utilizada, por tanto, para fines distintos a los que animaron su difícil creación y su no menos complicada evolución. Era enviar el caso Pinochet a una vía muerta. El TPI, tal como ha sido concebido, no podrá hacerse cargo de asuntos que hayan ocurrido con retroactividad a su nacimiento. Y los crímenes contra la humanidad en Chile, por ejemplo, están en esa situación.
Los tribunales para juzgar los crímenes en Ruanda y en la ex Yugoslavia ya funcionan aún cuando puedan presentar serios problemas y dificultades. El caso Pinochet, en cambio, sólo tenía cabida en la afirmación de la jurisdicción universal, esto es, en la aplicación de los tratados internacionales que han firmado las naciones, por ejemplo, el Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas. Los jueces lores establecieron las reglas de juego el 24 de marzo de 1999, como antes incluso con mayor fuerza lo habían hecho sus colegas el 25 de noviembre de 1998, en relación ambos con el caso Pinochet. Los tratados, vinieron a decir, suponen la creación de una jurisdicción para perseguir ciertos delitos internacionales. Y el país que firma un tratado está cediendo implícitamente una parte de su soberanía jurisdiccional. Lo contrario, también dijeron, sería una broma. La inexistencia de un TPI, agregaron, no podía justificar la impunidad.
El caso Pinochet ha sentado una jurisprudencia en varios terrenos de la legislación británica, y también en el derecho internacional. La inmunidad de los actos de Estado se ha acabado para los ex dictadores o jefes de Estado; la inmunidad diplomática para ellos, también.
El pasado 3 de febrero, un tribunal de Senegal aplicaba las enseñanzas del caso Pinochet, al procesar al exiliado dictador de Chad, Hissène Habre, por torturas y ordenar su detención domiciliaria. La acción judicial fue impulsada por siete ciudadanos del Chad y una ciudadana francesa cuyo marido fue asesinado por el régimen de Habre.
