Libia disuelve el grueso del Gobierno y transfiere sus competencias a provincias

El Congreso General Popular, que hace las funciones de Parlamento en Libia, anunció ayer la disolución de la mayoría de los ministerios, entre ellos el de Energía, y la transferencia de sus competencias a las provincias, según anunció la televisión oficial. La sorprendente medida refleja el descontento del líder libio, Muammar el Gaddafi, con las políticas económicas del Gobierno saliente, pero numerosos observadores ven también en ella una astuta maniobra de manipulación de la opinión pública para mantener su control del poder.

De los 19 ministerios con que contaba el Gabinete nombrado el pasado diciembre, sólo se mantienen la oficina del primer ministro y los departamentos de Justicia e Interior, Asuntos Exteriores, Información y Turismo, y Finanzas. Se crea, sin embargo, un Ministerio de Unidad Africana. El Congreso General Popular (CGP)nombró anoche nuevo primer ministro a Mubarak Abdalá al Shamij y responsable de la diplomacia al ex embajador en Alemania Mohamed Abderrahmán Chalbak. El Consejo también ratificó a los responsables de los tres ministerios que se mantienen. El Ministerio de Defensa siempre se ha mantenido fuera del control gubernamental, en manos de aliados de Gaddafi. Lo que más llama la atención es, pues, la desaparición de la cartera de Energía en un país que se encuentra entre los principales productores de petróleo. La medida parece más nominal que en el caso de otros departamentos dado que la política energética pasa a ser competencia de la Compañía Nacional de Petróleo bajo la supervisión del Comité General Popular (el equivalente a la oficina del primer ministro).

Según la televisión, las competencias de los ministerios disueltos pasan a los 26 congresos populares municipales que, en el peculiar sistema político libio, forman el nivel intermedio entre los comités populares de base y el CGP. Esta reestructuración se presenta como un paso más en el sistema de la Yamahiriya, o Estado de las masas, que Gaddafi introdujo en 1977, ocho años después de tomar el poder. Según este modelo, la Yamahiriya libia esta gobernada por congresos populares en los que participa la población y a través de los cuales se ejerce una "democracia directa".

Gaddafi, que no se considera un jefe de Estado tradicional sino un teórico y guía de esa Yamahiriya, ya mostró su descontento con el Gobierno el pasado 28 de enero. Ese día acudió por sorpresa a la sesión de apertura del CGP y rompió el borrador del presupuesto para el año 2000, a la vez que pedía que se pospusiera el Congreso para que pudiera revisarse el proyecto. Entonces, el a menudo teatral dirigente se declaró insatisfecho con un Gabinete que basaba sus presupuestos apoyándose en las ventas del petróleo (el 95% de los ingresos en divisas), pese a su objetivo de diversificar la economía.

"Gaddafi ha demostrado ser un manipulador astuto. Lleva 31 años en el poder y aún es la culpa del Gobierno si las cosas van mal", manifiesta un diplomático.

Las sanciones que la ONU impuso a Libia en 1992 (y que sólo se suspendieron en abril del año pasado) por el caso Lockerbie, se han cobrado su precio en la economía de este país petrolero y han ensombrecido la imagen de Gaddafi entre sus compatriotas, cada vez más hartos del aislamiento al que les ha conducido su retórica anticapitalista y antioccidental.