CCOO denuncia a Fomento por la concesión de nuevas autopistas

La unión provincial de CC OO de Ávila y la asociación ecologista Centaurea han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Ministerio de Fomento, que dirige Rafael Arias-Salgado, por supuestas irregularidades en la adjudicación de autopistas de peaje. En concreto, la denuncia se centra en la concesión de construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje que unen Ávila y Segovia con la autopista A-6 (Villalba-Adanero), así como en la que otorga la conservación y explotación de la A-6.La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 24 de febrero, sostiene que los cargos de Fomento podrían haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.

Las concesiones que los denunciantes instan a que se investiguen fueron adjudicadas por el Consejo de Ministros celebrado el 5 de noviembre de 1999 a la empresa Iberpistas, que explota la A-6 desde hace más de 30 años.

Los argumentos de los denunciantes, recogidos en un escrito de 35 folios más 27 pruebas documentales, hacen referencia a presuntos incumplimientos de la legislación sobre carreteras del Estado, sobre medio ambiente, sobre autopistas de peaje y sobre los contratos de las administraciones públicas y sus presupuestos.

CC OO de Ávila, que ha contado con el visto bueno expreso de la dirección nacional para emprender esta denuncia, y Centaurea resumen su queja alegando que "todo parece indicar que la decisión de construir sendos ramales de la autopista A-6 hacia Ávila y Segovia perseguía el objeto de ampliar el periodo de explotación por Iberpistas de la concesión que viene disfrutando desde 1968".

Un proyecto polémico

La concesión de los tramos de autopista de peaje que unirán Ávila y Segovia con la A-6 ha estado rodeada de polémica desde el primer momento. Y no sólo porque haya provocado acalorados debates parlamentarios. El PSOE la ha puesto en manos del Tribunal Supremo para que éste decida sobre su legalidad. Los socialistas argumentan que el proceso ha estado lleno de irregularidades y que se ha utilizado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2000 para tapar, a posteriori, parte de sus carencias.

El Ministerio de Fomento, que ayer no respondió a las llamadas de EL PAÍS, siempre ha negado tajantemente que se hayan cometido irregularidades en el proceso y que con la fórmula elegida se ha beneficiado a los consumidores, pues con ella se ha logrado rebajar las tarifas de los peajes.

Iberpistas, por su parte, ha esgrimido en repetidas ocasiones que han ganado la nueva concesión mediante la participación en un concurso público, compitiendo con los grupos constructores más importantes del país.