La eficaz diana fiscal de Aznar plantea múltiples incógnitas

En medio de gran expectación, bajo los solemnes dorados rococó y las lámparas de araña del Casino de Madrid, José María Aznar clavó ayer una eficaz diana en la campaña electoral: la rebaja en el impuesto sobre la renta (IRPF). El elemento central de su oferta, la reducción en tres puntos, del 18% al 15%, en el tipo mínimo, y de dos, del 48% al 46%, en el máximo.Con el elemento del 15%, el líder del PP ponía cifra comprensible a la música genérica de los programas de las izquierdas: "Aligerar las cargas que gravan el trabajo personal", que reza el del PSOE; "mejora del tratamiento de las rentas del trabajo más bajas", que proclama el acordado por socialistas e Izquierda Unida. Aunque en su letra difieran. IU, más anclada en un keynesianismo tradicional, propugna aumentar los tipos. El PSOE, dejarlos como están ahora. Y el "Programa básico de Gobierno" conjunto de ambas fuerzas opta por el "mantenimiento", el mínimo común denominador.

Esta rebaja del tipo mínimo se revela social porque el IRPF se ha ido convirtiendo en un impuesto a los asalariados. De cada 100 pesetas que se recaudaron hace dos años, 83,51 provenían de las rentas del trabajo. Reducir la tarifa, especialmente en su tipo más bajo -otra cosa es que la combinación con la otra rebaja matice ese propósito-, significa, pues, apostar en principio a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

La misma operación acaba de emprenderla el Gobierno socialdemócrata-verde en Alemania, y otros Gobiernos europeos van en la misma dirección. De modo que la diana se presenta rotunda. Y electoralmente, atractiva y eficaz. Por sí misma, y también porque la alternativa no ha logrado concretar hasta ahora una medida que ejemplifique diáfanamente la "redistribución" que propone.

Ahora bien, a partir de ahí se plantean muchas, demasiadas incógnitas, unas relacionadas con el resto de medidas (las deducciones familiares, consideradas antiprogresivas), otras con el coste, y alguna, quizá no la menor, con el diseño final que se pretende.

En relación con esto último, el líder socialista, Joaquín Almunia, acusó a su oponente de protagonizar un "intento de socavar el poder del Estado" mediante una "estrategia de desmantelar el sistema público de protección social". El esquema subyacente a esta crítica es sencillo: si se ingresa menos, ¿cómo se financiará el gasto social?

Vayamos por partes. Parece que el coste de la reducción de tipos se cifra en unos 360.000 o 400.000 millones de pesetas anuales. Pero "no hemos hecho un cálculo del total" de medidas, confesaba ayer uno de los autores de la propuesta. El asunto es preocupante. Caminamos en parte a ciegas, al menos los ciudadanos, porque las memorias de la recaudación del IRPF en 1998 no se han publicado.

Se supone que la reducción de los tipos costará más de un tercio de billón. Es exactamente lo que España recibe como transferencia neta de Alemania a través del presupuesto comunitario. Cuando se produjo la anterior reforma del impuesto, el ministro democristiano de Hacienda Theo Waigel, arrugó la nariz. Su argumento, expresado en la intimidad, consistía en que "estos españolitos se gastan lo que nosotros les transferimos en pagar menos", mientras él no podía llevar a cabo, por impotencia parlamentaria, su propia reforma.

Pero después la realidad contradijo a Waigel. La rebaja del IRPF -algo que se desconoce con todo detalle si ha sido tal, porque la presión fiscal ha aumentado en España durante el Gobierno del PP en 1,5 puntos- no impidió un aumento de la recaudación absoluta.

Ésta provino tanto del mayor crecimiento español -similar a la de los otros países más atrasados de la Unión Europea- respecto de los países más avanzados, como de su corolario principal, el mayor ritmo en la creación de empleo: más contribuyentes y más cotizantes a la Seguridad Social. Y también de un importante afloramiento de la economía negra.

Ahí se plantean nuevas incógnitas. ¿Se repetirá lo conseguido? Todo depende de si las previsiones de crecimiento -muy condicionadas por el entorno económico internacional, aunque ayer Aznar minimizase este factor clave- se cumplirán, y si la legalización de las empresas clandestinas sigue produciéndose al mismo ritmo.

En caso de no ser así, la pregunta obvia es dónde buscaría Aznar los ingresos tributarios a los que ahora renuncia. ¿En los impuestos indirectos, como el IVA u otros, que la doctrina siempre consideró menos progresivos, y que en todo caso se notan socialmente con menor agudeza? Pues entonces, lo comido por lo servido.

Para afianzar la credibilidad de su propuesta, en términos de ortodoxia liberal, el PP debería cuantificarla y justificar su encaje con el objetivo de reducción del déficit presupuestario, hasta el equilibrio (superávit de una décima) en el 2002 consignado como compromiso en el Programa de Estabilidad examinado ayer mismo por el Ecofin, en Bruselas.

Eso resulta aún más difícil. ¿Por qué? Sencillamente, porque existe un enorme déficit aparcado -se aparcó para cumplir los requisitos de Maastricht-, en parte compuesto por los avales a empresas públicas expulsados del presupuesto, en parte por el nuevo destino de los resultados de las privatizaciones y en parte por otras partidas. Algunos expertos lo cuantifican en más de cuatro billones de pesetas, es decir, cuatro puntos del PIB, un drama si algún día hay que hacerles frente. ¿O puede no hacérsele frente?

Si las proyecciones elaboradas cuadran, que se detallen hasta la última décima. Porque si no cuadrasen, entonces darían la razón a Almunia. Con un menor ingreso sería difícil mantener el Estado de bienestar. Incluso el raquítico nivel de protección española, que es un 20% inferior al del conjunto de la UE. ¿O acaso éste no debería mejorar también?

Todas esas legítimas incógnitas bien merecerían, a falta de Parlamento, un debate televisado. Incluida la envenenada pregunta lanzada por un economista en la sala: ¿destinaría el producto de los impuestos sobre las opciones sobre acciones a aumentar la reserva de la Seguridad Social? Porque es estupendo que los candidatos cifren sus propuestas, camino que inició ayer Aznar. Pero aún lo sería más que fueran completas y se cotejaran directamente, en vez del diálogo de sordos establecido a través de los mítines.