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Las distribuidoras de cine fuerzan la retirada del decreto sobre el doblaje

Las grandes distribuidoras de cine norteamericanas le han ganado la partida al Gobierno de Jordi Pujol. Fuentes del Departamento de Cultura confirmaron ayer que el acuerdo que el consejero Jordi Vilajoana espera alcanzar con las distribuidoras después de las elecciones del próximo día 12 implica no ya la modificación del famoso decreto de doblaje de películas al catalán, sino su retirada definitiva. Distribuidores y exhibidores se comprometerían, a cambio, a mantener en cartel películas en catalán en al menos el 10% de las salas.

Como había hecho en las pasadas autonómicas su predecesor, Joan Maria Pujals, el consejero Vilajoana ha aprovechado la campaña electoral para añadir un nuevo hito en el ya largo deambular del decreto de doblaje. Aunque el inesperado impulso que le ha dado ahora el nuevo consejero lo depositará, si nada falla, en la papelera. Ninguna de las fuentes consultadas pudo recordar ayer un caso semejante, es decir, el de que un grupo de empresas hubiera logrado, por ser contraria a su voluntad o a sus intereses, que el Gobierno de Jordi Pujol dejara sin efecto una norma después de su aprobación y entrada en vigor.El decreto sobre el doblaje de películas al catalán había tenido ya un primer revés: la suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en febrero del pasado año, de los dos artículos en los que se detallaban las sanciones de que podían ser objeto las distribuidoras y exhibidoras que no acataran la norma. Vinieron después las dos suspensiones acordadas por la propia Generalitat. La primera, semanas después del fallo judicial, porque se había llegado a un acuerdo con las distribuidoras sobre "el temario y la agenda" para una negociación.

La negociación, según el anuncio de Vilajoana, culminará a finales de marzo con un acuerdo que llevará el decreto a la papelera para ser sustituido por un pacto cuyo alcance y formulación jurídica el consejero no ha precisado aún. Vilajoana se ha limitado a señalar que el pacto con las distribuidoras debe establecer "todo un plan de trabajo que permita ir incrementando el número de películas en catalán hasta llegar a un mínimo del 10% en salas con cine en catalán". Este mínimo está muy por debajo de las exigencias del decreto, que obligaba a los exhibidores a programar películas en catalán en una proporción del 25%.

El PSC cree un "desastre" la política lingüística de la Generalitat

Fuentes del Departamento de Cultura, que confirmaron la próxima retirada de la norma, aseguraron que el acuerdo anunciado por Vilajoana respeta de alguna forma el objetivo del decreto en el sentido de que garantiza "unos niveles significativos de presencia del catalán en la oferta cinematográfica". Arguyeron también, no tanto en defensa del actual consejero como de su predecesor, Joan Maria Pujals, que el 10% anunciado ahora no se habría logrado sin la aprobación y entrada en vigor del decreto que exigía el 25%.Menos conciliador con Pujals, Vilajoana declaró anoche en Madrid que las cuotas son "una forma de marcarse objetivos", pero añadió que "es mucho más positivo conseguir el diálogo y la concertación pactada que ir por la vía decreto", informa Efe.

Las declaraciones de Vilajoana provocaron de inmediato severas críticas de la oposición. El candidato del PSC por Barcelona, Narcís Serra, aseguró que el hecho de que el consejero Vilajoana se hubiera ofrecido a retirar el decreto "confirma" que la política lingüística del Gobierno de Jordi Pujol había sido "un desastre".

Consideró igualmente que las declaraciones de Jordi Vilajoana "dan la razón al PSC porque este partido siempre había dicho que el decreto no era necesario y que no se podría cumplir". "Por eso, ahora el consejero debe ofrecer a la industria la retirada del decreto porque no saben [el Gobierno catalán] como salir de este callejón sin salida en el que se habían metido", afirmó Serra en declaraciones a Efe.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Parlament, Josep Huguet, consideró la disposición del consejero de Cultura a retirar el decreto como una "muestra de impotencia".

El representante de ERC cree que la posición de Vilajoana es "una manifestación de la falta de voluntad política para aplicar la ley del catalán" porque "es aceptar la marginalidad de la lengua propia de los productos culturales de consumo".

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