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Industria detecta "graves irregularidades" en las subvenciones a Mina La Camocha

El Ministerio de Industria ha enviado un oficio a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que suspenda las primas al consumo de carbón nacional que benefician a las minas asturianas La Camocha y González y Díez, propiedad del empresario Fernando García Burgos. Industria ha detectado "graves irregularidades" en los suministros de ambas explotaciones. Supuestamente, las dos minas, que en 1999 recibieron 6.434 millones de subvención y emplean a 610 empleados, podrían haber mezclado carbón importado -más barato- con carbón autóctono, subvencionado.

En diciembre de 1996, Industria ignoró un informe elaborado por la Oficina de Compensaciones (Ofico) en el que se detallaban irregularidades similares a las de La Camocha en la empresa minera Hullera Vasco Leonesa.El Ministerio de Industria ha confirmado el envío del oficio a la Comisión de la Energía, si bien ha señalado que las presuntas irregularidades en La Camocha y en González y Díez -que niega la empresa- están siendo investigadas por la Fiscalía y por la Guardia Civil y que no se tomarán medidas concretas hasta que se discuta la situación con la Comisión de la Energía. Este organismo ha confirmado que recibió el oficio de Industria hace 15 días. La Comisión se ha dirigido a Industria para que el departamento que dirige Josep Piqué especifique desde qué fecha debe interrumpir las liquidaciones que cobran La Camocha y González y Díez.

En la subcomisión del Congreso que investigó el pasado año supuestas irregularidades en la gestión de las ayudas a la minería, el ex consejero de la Junta de Castilla y León Jesús Pérez Villar, condenado por prevaricación, admitió que desempeñaba labores de asesor jurídico en La Camocha.

El oficio remitido por la dirección general de la Energía, del Ministerio de Industria, a la Comisión de la Energía es más rotundo de lo que en principio asume el departamento que dirige Piqué: "Esta Dirección General [de la Energía]", afirma el oficio, "considera muy graves esas posibles irregularidades [en La Camocha y González y Díez], por lo que ruega dé las instrucciones oportunas a fin de que sea suspendida la aplicación de la prima al consumo de carbón autóctono para dichas centrales de Aboño y Narcea, en la parte correspondiente a los suministros procedentes de Mina La Camocha, SA, y González y Díez, SA".

Nombramiento de Sendín

La suspensión de los pagos de la prima por consumir carbón nacional afectará indirectamente a las centrales eléctricas de Aboño y de Narcea (propiedad de Hidrocantábrico). Dichas centrales dejarán de percibir el incentivo de una peseta por cada kilovatio-hora que producen con carbón de La Camocha y de González y Díez. Sin embargo, las centrales pueden adquirir el carbón, subvencionado o no, en otra parte. El impacto de la suspensión afectará más a las minas investigadas, cuya producción dejará de estar subvencionada.

La iniciativa de denunciar las "graves irregularidades" en La Camocha y en González y Díez partió de la dirección general de Minas de Industria, según detalla el oficio enviado a la Comisión de la Energía. La denuncia coincide prácticamente en el tiempo con el nombramiento de la responsable de esa dirección general, Paloma Sendín, como consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Curiosamente, en 1996, una denuncia similar sobre la empresa minera Hullera Vasco Leonesa, remitida por los servicios de Industria a la Dirección General de Minas, fue ignorada.

La entonces directora general, Paloma Sendín, admitió en el Congreso el pasado año estar al tanto de las presuntas irregularidades en Hullera Vasco Leonesa, si bien aclaró que no se actuó por la dificultad de probarlas y por las posibles repercusiones sobre el empleo. Las irregularidades que afectaban a Hullera Vasco Leonesa (HVL) consistían, presuntamente, en la mezcla de carbón extraído a cielo abierto -más barato de producir y con menos subvención- con carbón de interior. HVL recibió en 1996 6.968 millones en ayudas.

[Por otro lado, la huelga de dos días convocada por los sindicatos para reclamar el cumplimiento del plan de la minería fue secundada ayer por la mayoría de los 11.000 mineros asturianos, informa Efe].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de febrero de 2000

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