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Elecciones 2000

Más de cuatro billones por 43 empresas públicas

Jesús Mota

Las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas ejecutadas por el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998 han cambiado para siempre, y en muy pocos aspectos para bien, el mercado de servicios en España. En tres años de intensa tarea privatizadora, los ministerios de Economía e Industria han vendido participaciones de 43 empresas públicas por valor de casi 4,3 billones de pesetas y han subvertido las reglas del juego en los sectores de telecomunicaciones (Telefónica), electricidad (Endesa), servicios y distribución (Tabacalera) o lo que ahora se llama servicios bancarios (Argentaria).Las privatizaciones del PP tienen características muy acusadas. La primera de ellas es la extraordinaria velocidad con que el Estado se desprendió de las empresas públicas, después de que en uno de los primeros Consejos de Ministros de la legislatura (junio de 1996) se aprobara un pseudoplán de privatización cuyo contenido técnico repetía simplemente la distinción clásica entre las empresas que podían ser vendidas inmediatamente -las que registraban beneficios-, las que requerían una reconversión financiera previa para atraer a posibles inversores y las que debían privatizarse a más largo plazo (las ruinosas, como los astilleros públicos o Santa Bárbara). Este vértigo privatizador, próximo a la histeria, es decisivo para entender dos distorsiones profundas que las privatizaciones han abierto en la economía española. La primera es que hasta el momento sólo se han vendido las empresas con beneficios y todavía permanece en el sector público la gestión de las empresas en quiebra.

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La segunda distorsión introducida por las privatizaciones es que, como la velocidad de privatización ha sido superior a la de liberalización de los mercados de servicios públicos -en el supuesto de que el Gobierno tuviera la voluntad política de liberalizarlos realmente, de la que no hay constancia-, los monopolios u oligopolios públicos simplemente se han convertido en privados. Con el envilecimiento político añadido de que las grandes empresas públicas convertidas en privadas se han resistido activamente a las liberalizaciones de los mercados (caso de las telecomunicaciones o de la distribución del tabaco) o han solicitado compensaciones a precios exorbitantes por dudosas aperturas del mercado (caso de la electricidad, un sector en el que el Gobierno impone a los consumidores pagar 1,3 billones por el cambio de regulación).

Las privatizaciones tampoco han beneficiado a los consumidores en la medida prometida por el PP en su programa electoral. Como los oligopolios de hecho se han mantenido -mediante el control férreo de las redes de distribución en petróleo, telecomunicaciones, gas y electricidad-, la competencia no ha entrado en esos mercados y los descensos de precios o tarifas que se han producido han sido discrecionales e inorgánicos.

Las tarifas telefónicas han bajado en los servicios donde hay competencia -móviles, llamadas internacionales o interprovinciales-, pero han subido de forma significativa en los servicios en los que Telefónica actúa todavía como monopolio de hecho (llamadas locales) y se han impuesto tarifas de interconexión para un escaso número de competidores que son demasiado elevadas para que pueda desarrollarse una competencia efectiva. En el caso de las tarifas eléctricas, su descenso es atribuible prácticamente en su totalidad al descenso de los tipos de interés, que ha reducido el coste del endeudamiento de las empresas. Los descensos -entre el 2% y el 3% anual desde 1997- son muy inferiores a los que hubieran debido producirse en un mercado transparente, que serían del orden del 8% o 10% anual, según la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

El Gobierno entregó las grandes empresas públicas, cuando todavía pertenecían al Estado, a un grupo de empresarios próximos a José María Aznar y Rodrigo Rato que se han mantenido en las presidencias de las empresas después de la privatización. Es decir, el Gobierno ha ocupado, mediante empresarios afines -muchos de ellos procedentes del sector financiero- grupos industriales que equivalen al 8% del PIB español aproximadamente. El procedimiento para ejecutar esta ocupación -probablemente ilegítima, aunque legal, o, por lo menos, contraria a los usos y costumbres democráticos- fue designar consejeros formalmente independientes, pero realmente dependientes de los designadores, que después ratificaron con sus votos a los nombrados por el Gobierno.

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