¿Viviría usted en Monopoly? ALBERTO LAFUENTE FÉLEZ

Debo adelantar mi juicio acerca de la mayor parte de las teorías al uso sobre los beneficios sociales de las privatizaciones: me parecen extravagantes, por alejadas de la realidad. La evolución del monopolio público hacia la prestación de un determinado servicio por empresas privadas se rige por el proceso siguiente: primero, se hace posible y, por lo tanto, inevitable que empresas privadas desarrollen esa actividad; segundo, las exigencias de la competencia obligan al Estado-propietario a gestionar la empresa pública como si fuera un inversor privado y, en consecuencia, a convertirse en un Estado-regulador. Ello conduce finalmente a la privatización. Además, la transferencia de la propiedad puede resultar de la aplicación de un impreciso sentido común: no es fácil encontrar razones que justifiquen que el Estado produzca galletas o coches, de la misma manera que no suele fabricar productos de cosmética o trajes de baño.Los procesos de privatización generan polémica cuando no cumplen las condiciones que les otorgan legitimidad. Las condiciones están en relación con el buen cumplimiento del proceso descrito. Si el Estado consiente que las empresas establecidas obstaculicen la entrada de nuevos competidores; si la concentración empresarial hace ilusorios los derechos de elección de los consumidores; si el mismo Estado tolera que las compañías herederas de los monopolios hagan inviable cualquier vestigio de competencia, entonces, el proceso de privatización carece de legitimidad social y, en consecuencia, está sujeto a propuestas permanentes de revisión de las reglas del juego.

No es ésta la única fuente de insatisfacción social. En el caso de una buena parte de los servicios públicos, la nueva situación invita al Estado a reforzar la regulación de la calidad de los servicios y la seguridad asociada a su uso, y a promover la inversión en infraestructuras de red, así como el acceso a los mismos por parte de grupos sociales desfavorecidos y/o alejados de los núcleos importantes de población. La razón es que las privatizaciones/ liberalizaciones pueden afectar a la atención prestada por las empresas respecto de estos extremos. Por poner un ejemplo: casi todos los análisis demuestran que los accidentes aéreos no tienen un impacto significativo sobre el valor de mercado de las compañías operadoras de los aviones siniestrados. Invita pero no obliga, a no ser que lo exijan los ciudadanos.

En los últimos años, los procesos de privatización han coincidido con operaciones importantes de concentración empresarial, tanto horizontal como vertical. Es lo que se ha convenido en denominar concentración del poder económico. Se dirá que esto no es nuevo, y que refleja la oposición empresas grandes/ países pequeños debatida en otros tiempos y lugares. Creo que es más exacto describir la realidad española de nuestros días en términos de empresas poderosas/ Estado débil. El problema que nos ocupa es, por tanto, algo más que la incongruencia entre la regulación de los servicios básicos y las estructuras de mercado, o que el balance de las privatizaciones; es un problema político de primer orden.

Las reglas de juego del Monopoly, antes El Palé, guardan alguna similitud con el funcionamiento de las sociedades modernas. En origen, hay igualdad de oportunidades entre los jugadores; el Estado, en el juego la banca, es gestionado por uno de los jugadores; éstos se esfuerzan en adquirir propiedades próximas para consolidar posiciones de dominio; el éxito extermina la competencia. La consideración de la metáfora invita a subrayar tres aspectos del juego: caben pocos jugadores, sólo uno de ellos gana ante las quiebras sucesivas del resto, y nadie vive en las calles y casas del tablero, salvo quizá los jugadores. Un sondeo de opinión realizado entre mis amigos me ha revelado que nadie querría habitar una ciudad que se rigiera por la mecánica del Monopoly. Por ello, es un problema político.

Alberto Lafuente Félez es catedrático de la Universidad de Zaragoza.