Un remedio cercano a la nada

La vivienda digna de los braceros magrebíes, aparte de ser una reivindicación ya vieja, se convirtió en la primera exigencia para desconvocar la huelga de hace dos semanas, tras las agresiones xenófobas. También fue la primera que el Gobierno se comprometió a solucionar en una reunión con la Junta de Andalucía y los sindicatos. Sin embargo, no mandan las tesis ni de uno ni de otro, sino las del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PP), las que se imponen y que amenazan con dejar a miles de personas viviendo en chabolasEl censo elaborado por Cruz Roja con la Comisión de Inmigrantes cifraba en alrededor de 500 los trabajadores que se habían quedado sin cobijo. Enciso se negó en todo momento a la instalación de carpas para albergar a los sin techo. En un primer momento pareció que el Gobierno le había ganado el pulso al díscolo alcalde y ordenó el inmediato realojo de los inmigrantes en viviendas prefabricadas. Enciso le dio la vuelta a la tortilla de su supuesta derrota y consiguió que los módulos prefabricados, en vez de instalarse en terrenos municipales, se hicieran a petición de los agricultores particulares, que tendrían derecho a colocar en ellas a sus trabajadores.

Esto afecta directamente al espíritu de lo pactado, ya que entre los damnificados había trabajadores con y sin papeles y como la estrategia de levantar los prefabricados en las explotaciones daba prioridad a los braceros de la explotación que había cedido el terreno, quedaba muy poco espacio para albergar a los sin techo. El Gobierno planeaba dar cobijo a 400 personas en estos barracones (exactamente iguales a los utilizados como vestuarios por los obreros de la construcción, fabricados de metal, sin cocina ni aseo), pero si se han de compartir con los braceros de la finca el número de prefabricados a instalar pasaría de los 50 previstos a un centenar. Ayer tan sólo había tres instalados y aún no se podía vivir en ellos. Además se redujo su cabida de seis a ocho personas al no caber las camas adquiridas por Protección Civil.

Hasta 30.000 braceros

Según el propio alcalde, en El Ejido hay unas 8.500 hectáreas de explotación que durante toda la temporada necesita de un trabajador por cada una. Durante la recolecta o situaciones especiales de las hasta tres cosechas que se dan en los invernaderos de El Ejido se pueden necesitar cerca de 30.000 trabajadores. En la campaña pasada se contrató regularmente a 3.970 personas, según investigadores sociales de la zona vinculados al Defensor del Pueblo andaluz. A estos habría que sumar cerca de 1.200 foráneos que cobraban el seguro de desempleo agrario. La suma de estas dos cifras se aleja mucho del número real de los braceros que están (y la mayoría de ellos trabajan pues las cosechas salen adelante) y prácticamente todos ellos serían irregulares.

Según los citados investigadores sociales, tan sólo 80 familias de inmigrantes viven en el núcleo urbano de El Ejido, los demás se repartirían entre los garajes, cortijos o chozas de plástico diseminadas por toda la zona.

La solución auspiciada al alimón por el Gobierno y Enciso seguiría dejando al relente o cobijados en cuadras o torres eléctricas a varios miles de personas. Las cifras no se pueden concretar porque no se ha hecho ningún estudio de población en profundidad y algunos organismos hablan de 20.000 inmigrantes (con o sin papeles) y otros de sólo 10.000, pero de los que el 90% viven desperdigados por la zona.

Pero el plan de las casas prefabricadas es una medida temporal que coincide siniestramente con el plan duradero de Enciso de diseminar a los inmigrantes por habitáculos diseminados en el campo y alejados de las poblaciones. Enviados de Protección Civil aseguran que el calificativo "provisional" de los barracones podría durar entre un año y medio y dos años. Por su parte, el Gobierno central no quiere oír hablar del futuro, de la construcción de viviendas de Protección Oficial o de albergues para los temporeros, como los que ocupan los españoles que se desplazan hasta la vendimia francesa.